Hace un año el Gobierno abrió el mercado de la electricidad. Se trataba de que los consumidores con una potencia superior a 10 kw eligieran su compañía, mientras que los de menos de 10kw -la mayoría- podían seguir igual. A ellos se les aplicaría la famosa tarifa de último recurso (TUR) que fija el Ministerio de Industria. Unos 5 millones de usuarios de rentas bajas quedaron excluidos de la medida y encuadrados en el bono social. Un año después, cabe concluir que el paso dado, obligado por la normativa europea, no ha supuesto grandes cambios, excepto en lo que se refiere a los precios. Apenas 13.000 familias han cambiado de suministrador, obteniendo a cambio pequeñas rebajas producto de las campañas de las compañías, mientras que 24 millones de usuarios se han mantenido en la TUR. En este periodo, el precio medio ha subido casi un 6% en su camino hacia el equilibrio entre tarifas y costes. De hecho, este mes debería haber aumentado casi el 5%, pero un pacto de última hora entre el Gobierno y el PP suspendió la medida. En lo que se refiere al mercado, Iberdrola y Endesa tienen aún casi el 50% del negocio, al tiempo que otra veintena de empresas tratan de ganar cuota. El mantenimiento del statu quo y la complejidad del suministro de este servicio explican en parte la percepción de que nada o muy poco ha cambiado.
