La sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad del proceso por el que se adjudicaron nueve licencias de radio de FM en 1998 es salomónica, complica la situación aún más de lo que estaba y deja abierto un clima de incertidumbre excepcional. Tiene razón la Administración regional cuando realiza una interpretación del fallo judicial que le favorece: el Tribunal Supremo estima los motivos de casación, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le otorgaba ocho de las nueve licencias a la empresa CBM y desestima cualquier indemnización para esta sociedad. También la empresa recurrente tiene motivos para expresar su satisfacción, pues no en vano, el alto tribunal ordena la vuelta atrás de las actuaciones para que la Administración puntúe de nuevo los méritos obtenidos por cada aspirante. Pero no hay que al llegar al Tribunal Supremo, la empresa CBM era propietaria de ocho licencias y tres años después no tiene ninguna; en la misma fecha, el tribunal extremeño le reconocía el derecho a una indemnización que ahora ha sido anulada. Evidentemente, esta empresa retrocede claramente si tenemos en cuenta la fecha de la sentencia, el 30 de diciembre de 2002.
El error más grave cometido por los representantes de CBM es que ya han acariciado algunas emisoras con sus propias manos, desoyendo por completo lo que establece la propia sentencia que, según dicen, tanto les favorece. El alto tribunal deja claro que la Junta de Extremadura ha de volver a puntuar, lo que no significa, por mucho que se empeñe CBM, que haya de emplear la puntuación que le concedió el tribunal extremeño; si no fuera así, la sentencia del TSJEx, la que le otorgaba ocho emisoras de radio, no habría sido anulada. Puntuar de nuevo entraña un grave riesgo para los intereses de quienes ya dan por hecho la propiedad de algunas emisoras, ya que cualquier aspirante puede obtener un resultado más elevado que el suyo. El hecho de que el Tribunal Supremo no haya considerado válida la puntuación otorgada por el TSJEx pone las cosas realmente complicadas para esta sociedad en la nueva baremación en su propósito de obtener siquiera una sola licencia.
Es posible, tal y como alega CBM, que algo se hiciera mal, pero para todos los aspirantes; por ejemplo, el simple hecho de que esta empresa obtuviera la misma puntuación que ICARO en un apartado en el que primaba la titulación del director de la emisora, pese a que reconocía tenerlo extraviado. Una sencilla comparativa de las ofertas de CBM e ICARO pondrá las cosas realmente complicadas a la empresa de la familia Acedo que, además, intentó justificar su nivel solvencia económica con una declaración continuada de pérdidas; ofertó material técnico desfasado para sus emisoras y presentó a una sola persona sin titulación acreditada para dirigir, nada menos que nueve emisoras distantes entre sí cientos de kilómetros; todo ello sin entrar en otras valoraciones, como el hecho de presentar dos domicilios distintos para una sola emisora en Valencia de Alcántara o, más grave aún, el impago de tributos fuera de plazo, que debería haber impedido su presentación al concurso.
La empresa a la que represento obtuvo, como CBM, 3 puntos sobre un máximo de 5 por comprometerse a no ceder la explotación de la licencia; por tanto, también estamos en nuestro derecho de reclamar los dos puntos restantes que habrían colocado a ICARO con una de las mayores baremaciones del concurso. Si hay reparto de puntos al alza, que sea para todos, y no sólo para quien recurre, porque lo más sencillo para todos habría sido lograr la máxima en el apartado que primaba la contratación de personal minusválido con una simple promesa escrita en un papel. Sólo tres de los adjudicatarios obtuvimos un 0 por exceso de honradez; casi ocho años después, ninguna persona con minusvalía trabaja en las emisoras objeto de la polémica.
Hay una valoración objetiva que no debemos pasar por alto: tan sencillo no fue el procedimiento cuando, al menos tres órganos administrativos y jurídicos, no se han puesto de acuerdo ni siquiera en lo básico. Pero no se puede obviar, como hace CBM, que todo compromiso presentado a un concurso para obtener una mayor puntuación final, luego ha de cumplirse. ICARO no ha cedido sus emisoras pese al tiempo transcurrido, pero sí lo ha hecho CBM con sus licencias afines, algo que debería haberle restado méritos en el concurso (compromiso a no ceder la explotación) del mismo modo que le favoreció el hecho de tener experiencia en el sector. Si la Administración hubiese nombrado una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de tantas promesas plasmadas sobre el papel, ICARO se habría quedado sola en el mapa radiofónico regional.
*Director de ICARO
