El estudio ´El territorio rural extremeño´, elaborado por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), del que este periódico se ha hecho eco, concluye que en la mitad de las comarcas de la región, el número de personas mayores de 65 años duplica a las menores de 15. El mismo informe que destaca el factor positivo de que Extremadura no ha sufrido, como algunas zonas de Castilla León, el despueblamiento de las zonas rurales, alerta de que no existe reemplazo demográfico en la mayor parte de los municipios.

Estamos ante uno de esos asuntos que dejan poca huella, o ninguna, en la opinión pública y aun en los órdenes del día de las sesiones de las instituciones, pero que justificarían por sí mismos la adopción de una estrategia política de largo alcance. Y es que plantea interrogantes que se pueden llamar ´de Estado´, puesto que revela las incertidumbres vitales (económicas y de acceso a los servicios básicos) que se ciernen sobre buena parte de la población extremeña, que es la que vive en las zonas en recesión demográfica. Al mismo tiempo, desafían a la Autonomía, puesto que precisa de un esfuerzo colosal para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.

Basta ojear el informe mencionado para hacerse una idea precisa de lo que significa, en términos de exigencia inversora, tener una población envejecida y dispersa, como es la norma general en Extremadura. Tener recursos suficientes o no para atender a esos ciudadanos es el dilema político por excelencia que se ventila en esta tierra. Y eso es lo que se ventila en la negociación sobre la financiación autonómica,