El bloqueo de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y la posible moratoria en el cierre de la central nuclear de Garoña obligan al Gobierno y al Congreso de los Diputados a reabrir el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. El bloqueo está provocando una situación paradójica, casi todas las centrales, como la cacereña de Almaraz, se han visto obligadas a construir almacenes en sus propias instalaciones, lo que cuestiona la razón de ser del propio Almacén Temporal Centralizado. El cementerio nuclear debía empezar a funcionar este año, pero ni siquiera se han podido iniciar las obras. La inestabilidad de los terrenos escogidos, fruto de una decisión que fue precipitada, ha obligado a modificar el proyecto. La salida lógica a esta situación está siendo que cada central nuclear tenga su almacén y así se está haciendo.

Todo apunta a que la mayoría del Parlamento se inclinará en la decisión que tome por una solución a la alemana, es decir, por el cierre progresivo a medida que las centrales nucleares en funcionamiento lleguen a los cuarenta años que les aseguran las actuales concesiones. Se conjugaría así el rechazo mayoritario a este tipo de instalaciones con las obligaciones adquiridas previamente por el Estado.

La energía nuclear en España llegó por la puerta de atrás de la dictadura y en la mayoría de los casos lo hizo sin el consenso social indispensable en este tipo de instalaciones. Los sucesivos accidentes e incidentes que han ocurrido no han hecho otra cosa que estimular el rechazo social. El camino del cierre paulatino parece pues la senda más sensata.

Con todo, este debate no puede deslindarse del que se planteó la semana pasada en torno al precio de la electricidad en España. El cierre de las centrales nucleares significará una mayor dependencia energética del mercado exterior y de algunas fuentes como el gas, cuyo precio oscila de manera mucho más abrupta. Este calendario de cierre debería acompañarse, por tanto, de una apuesta que sea más clara y decidida por las energías renovables, de manera que se limitase su impacto sobre el precio que paga el consumidor por la electricidad.