El ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, y los consejeros del ramo de las autonomías, entre ellos el extremeño Javier Corominas, volvieron a demostrar ayer la escasa voluntad política que existe para firmar un necesario pacto de estado que acabe con la especulación de suelo que sufre España, lo cual ha derivado en la última década en un encarecimiento desproporcionado de la vivienda que parece no tener techo. Porque si realmente existiera ese compromiso institucional, hace años que se tenían que haber arbitrado en nuestro país, con carácter general, medidas efectivas de abaratamiento de los pisos, no permitiéndose, como ocurre en la actualidad, que los precios estén subiendo a un ritmo que en muchos casos es cuatro y cinco veces superior al IPC.
En el caso de Extremadura, las últimas estadísticas avalan que los precios son los que menos han crecido este año en España --pese a ello lo han hecho un 10%-- y que el esfuerzo salarial que realiza un extremeño para adquirir una vivienda también es el menor del país. Además, el CIS apunta que un 57% de los extremeños considera que la situación en este campo ha mejorado en los últimos tres años y que un 48% cree buena o muy buena la política de vivienda de la Junta (un 18% la ve mal o muy mal). Son datos que avalan que, aun siendo grave, el problema del acceso a la vivienda puede atenuarse con medidas eficaces. Pero pasos positivos como los dados ya en Extremadura sólo deben ser los primeros, tanto en el contexto regional como en el nacional. Y para ello es necesario un pacto de estado.
