En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este viernes tiene ocasión el vicepresidente y ministro del Interior, Rubalcaba , de apagar el incendio especulativo de los últimos días sobre supuestas maniobras del Gobierno en torno a la eventual participación de los amigos de ETA en las próximas elecciones municipales. Aún peor es la insinuación de que Moncloa, o el PSOE, o ambos, estarían negociando por debajo de la mesa el adiós a las armas de la banda terrorista.

De ello se desprendería un calendario difundido por algunos medios de comunicación. Incluiría un próximo comunicado de ETA ajustado previamente a las exigencias del Gobierno, un acto público de la llamada izquierda abertzale, a finales de noviembre, haciendo expresa renuncia a la violencia, y la presentación a primeros de diciembre de un nuevo partido político para concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo.

Aunque las fuentes son del nacionalismo radical, tal grado de precisión alimenta las sospechas de que se vuelven a hacer las cosas por debajo de la mesa. La experiencia enseña que eso suele acabar mal cuando se intenta. No digo que sea el caso, pero las dudas no se despejan precisamente con declaraciones como las del ministro y número dos del PSOE, Blanco . Dice que "si la izquierda abertzale condena el terrorismo puede estar en las próximas elecciones municipales". Convendría que el portavoz del Gobierno lo aclarase ya. Y este viernes tiene la oportunidad de hacerlo.

Más allá de la marea especulativa, agitada sobre todo por el sector del PP que se agrupa en torno al exministro Mayor Oreja , el debate se centra en las distintas formas de manejar los dos términos de la ecuación. Uno, el fin de ETA. Dos, la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de 2011. En mi opinión, ese debe ser el orden. Primero, el fin de ETA. Después, el acceso a las urnas de sus amigos.

¿Y no bastaría la condena explícita de ETA para habilitar el derecho de sus amigos a participar en las elecciones, como parece estar proponiendo el ministro Blanco? Sí, pero no de un día para otro. Y mucho menos como consecuencia de una alteración semántica para expresar la distancia que existe entre la renuncia a la violencia para defender unas ideas y la condena expresa de quien la practica en nombre de esas mismas ideas. Todo eso, en el ámbito de la política, donde impera el principio de oportunidad. Desde el punto de vista judicial, donde impera el principio de legalidad, no hay otra que aplicar la ley. Tal y como se viene aplicando, a la luz de una doctrina y una jurisprudencia que, desde la ilegalización de Batasuna en 2003, considera que ETA y la izquierda abertzale son caras de una misma moneda.