Se acusa al fiscal general del Estado de secundar los intereses del Gobierno. O al Gobierno, de concertarse con el fiscal. Vaya descubrimiento. Guste o no, la Fiscalía es en nuestro sistema un brazo del Ejecutivo para llevar a cabo la política criminal y promover la acción de la justicia en nombre de los intereses generales. Dentro de la legalidad, que obliga a todos los ciudadanos y al Gobierno más que a nadie.

Si la aplicación de la ley permite a la Fiscalía un margen de interpretación, siempre será la más favorable a la posición gubernamental. Lógico, si realmente se trata de interpretar la legalidad y no de ignorarla según convenga. Lo malo es que la posibilidad de interpretar una ley, al solicitar una pena, por ejemplo, se confunda con licencia para forzarla por razones de oportunidad política. Eso sería grave. Pero no encaja en el caso de De Juana Chaos . Ni el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal resultan forzados o ignorados por el hecho de que el nuevo fiscal del caso rebaje la cuantía de pena solicitada inicialmente para este terrorista, o retire la acusación por un delito ya juzgado (pertenencia a banda armada).

XSI PARECEx evidente que el fiscal ha optado por la lectura que más conviene al Gobierno en función de sus planes para terminar con el terrorismo en el País Vasco. Y también parece muy evidente que, en nombre del Gobierno, alguien apalabró con el terrorista, o con quien lo representaba, el fin de su huelga de hambre a cambio de hacer lo posible por mejorar su horizonte penal. Nada más que hacer lo posible. En lo que puede depender del Gobierno y del fiscal, claro. Y esta es la otra clave del asunto, que da paso a palabras mayores. Con la independencia de la Justicia hemos topado. Por suerte. Este ya es otro terreno. Aquí sí tiene sentido hablar de división de poderes y funcionamiento del Estado de Derecho, del que, afortunadamente, no puede disponer a su conveniencia el Gobierno. Por si hace falta recordarlo, el fiscal no pertenece al Poder Judicial sino que es una parte más del proceso, junto a la defensa y las acusaciones particulares.

No es el fiscal sino los jueces --un tribunal-- quienes decidirán si De Juana Chaos tiene que estar 96 años más, o sólo dos, en la cárcel. Y tenemos pruebas muy recientes en el Tribunal Supremo --liquidación patrimonial de Batasuna-- y en la Audiencia Nacional --confirmación de procesamiento a dirigentes de Batasuna--, de que los jueces son ajenos a los procesos políticos y no están al servicio de este ni de ningún Gobierno.

*Periodista