La Comisión Europea (el organismo más parecido al Gobierno de la Unión) aprobó el pasado martes la reforma de la Política Agraria Común con ligeros retoques sobre la propuesta manifestada el pasado mes de noviembre por la comisaria Mariann Fischer. Ligeros retoques pero lesivos para los intereses de la mayoría de los perceptores extremeños. La comisaria pretendía la reducción proporcional de las ayudas. Y así ha sido, pero la reducción será sensiblemente menor de la esperada en el caso de los grandes perceptores --la primer propuesta indicaba que las ayudas a quienes cobraran más de 300.000 euros al año quedarían casi en la mitad y finalmente la merma será del 22%-- y mayor (se preveía una reducción del 8% y será del 13%) en quienes reciben entre 5.000 y 10.000 euros al año. En esta situación se encuentran 21.000 agricultores y ganaderos de la región. Es verdad que la mayor parte de los perceptores (61.000) cobran menos de 5.000 euros al año y el plan no les afecta, pero también lo es que esos 21.000 agricultores que cobrarán menos de Bruselas no son precisamente terratenientes; tienen explotaciones de las que viven ellos y sus familias y que en una coyuntura de crisis profunda en el sector primario como consecuencia de las subidas de los costes de producción la decisión de la Comisión Europea no es precisamente una buena noticia, sino que ahonda en la descapitalización de las explotaciones.

No vale tampoco, como señala la ministra Elena Espinosa, el argumento de que la reforma no es mala para los agricultores y ganaderos porque el dinero que llegará de Europa es el mismo y lo único que cambia es la redistribución, toda vez que el porcentaje en la reducción de las ayudas --globalmente un 20%-- se destinará al desarrollo rural y a la lucha del cambio climático, objetivos muy loables en teoría, pero incomprensibles para la mayoría de los agricultores que ven cómo la Unión Europea les deja de pagar parte de las ayudas que les daba, precisamente cuando su situación es comprometida, para darlo a unos programas difusos cuyo beneficio no perciben.

Sin embargo, las últimas noticias llegadas a Extremadura desde Europa no son todas negativas. Bruselas puede quitar ayudas, pero, al menos, Estrasburo, la sede del Parlamento Europeo, alienta expectativas al sector del tabaco al lograr que respalde el mantenimiento de las ayudas al tabaco hasta el 2013, como ha venido reclamando con insistencia Extremadura. Es cierto que la decisión de la Comisión Europea es de mayor rango que lo que apruebe el Parlamento, y que a la reforma de la PAC aprobada por aquélla le falta únicamente el trámite de su sanción por los ministros de Agricultura de los 27, mientras que las decisiones de la Eurocámara tienen que pasar por el tamiz de la Comisión, pero que 379 eurodiputados frente a 244 aceptaran las tesis de que hay que mantener las ayudas a los tabaqueros hasta el 2013 es una decisión de gran valor que en Extremadura sabe a gloria y que alienta la esperanza de que se tambaleen aquellas declaraciones de la comisaria Fischer que aconsejaba a los productores de tabaco que abandonaran toda esperanza de prolongar las ayudas. Ya veremos. Después del pronunciamiento de Estrasburgo hay partido.