Algo se mueve en Euskadi más allá de la acción policial y judicial y de las iniciativas del Gobierno vasco. A pesar de la detención de los principales dirigentes de Batasuna el pasado 13 de octubre, la izquierda aberzale presentaba en Alsasua el 14 de noviembre --quinto aniversario de la declaración de Anoeta, que fue el disparo de salida público del último intento para un final dialogado de la violencia-- el documento titulado Un primer paso para el proceso democrático: principios y voluntad de la izquierda aberzale. La declaración contiene una tímida condena de la violencia ("Se ha prolongado mucho más allá de lo que nadie debería desear una situación de violencia y enfrentamiento armado, con los costes humanos y políticos que todos y todas conocemos. Es nuestra prioridad superar este escenario"), apuesta por las vías políticas y establece siete puntos, entre los que destacan la llamada a respetar la voluntad popular expresada por vías pacíficas y democráticas, y el desarrollo de un proceso democrático respetuoso con los derechos humanos, en ausencia total de violencia y sin injerencias, poniendo como comparación lo que sucedió en Suráfrica e Irlanda del Norte. Concluye que la izquierda aberzale manifiesta su compromiso con los principios del exsenador de EEUU George Mitchell (nueva referencia a Irlanda del Norte) por los que debería regirse el proceso, mientras corresponde al Gobierno y a ETA negociar la desmilitarización del conflicto.

XES MENOSx de lo que muchos esperaban, pero la declaración de Alsasua constituye la punta del iceberg de las corrientes de fondo que atraviesan Batasuna y ETA. En el caso de la organización armada, parece que se está dando un pulso entre un núcleo duro, partidario de seguir con los atentados para obligar al Estado a sentarse de nuevo en una mesa de negociaciones, y un sector más pragmático y posibilista, entre los que se cuentan gran parte de los presos históricos, que creen que la lucha armada ya no tiene recorrido y que se corre el peligro de acabar en una derrota sin paliativos que no va a permitir negociar la reinserción de presos. La realidad cada vez más evidente es que ETA ha perdido capacidad operativa ante la acometida policial y judicial conjunta de España y Francia, y desde hace meses no se registran atentados importantes ni víctimas mortales. El sector más irreductible está difundiendo la ponencia Mugarri (inflexión, límite), redactada en octubre pasado, en la que se apela al papel decisivo de la lucha armada en la actual ±fase políticaO. Su difusión tiene por objetivo contrarrestar los efectos de la declaración de la izquierda aberzale.

En el entorno de la izquierda aberzale, la reflexión va mucho más lejos de lo que apunta la declaración. De un lado, cada vez son más los que consideran que fue ETA lo que abortó el último intento de llegar a un final dialogado de la violencia cuando, por un lado, subió el listón de sus exigencias en las reuniones de Loyola (otoño de 2006) y de Suiza, y, por otro, dinamitó el proceso con el atentado de la T-4 de Barajas (30 de diciembre del 2006). Y también son cada vez más los que contemplan una ruptura unilateral con la organización armada --que pasaría por desmarcarse de la violencia-- para que la implosión de esta no acabe con todo el caudal político acumulado en los últimos años. El problema es que esta reflexión lleva al punto al que ya llegó Aralar ocho años atrás, cosa que sacaría protagonismo político a Batasuna en la recomposición de la izquierda aberzale. Del actual aislamiento de Batasuna da cuenta que la declaración de Alsasua ha sido presentada como una iniciativa unilateral ante la imposibilidad de sumar otras fuerzas políticas.

En las actuales circunstancias, el Gobierno puede pretender acabar con ETA y su entorno sin hacer ningún tipo de concesiones. Sería legítimo porque el peso de más de 800 muertos no puede ser obviado en un Estado de derecho y democrático. Pero, a la vez, sería un grave error político --y una miopía cultural-- considerar que todo lo que se mueve en torno al euskera más allá del PNV es ETA. La piedra de toque se verá estos días con el juicio de Egunkaria. El periódico en euskera fue clausurado hace seis años, acusado de ser una correa de transmisión de ETA. Sus directivos fueron arrestados e incomunicados durante cinco días y presentaron denuncias por malos tratos y torturas. Gran parte de la sociedad vasca --y no solo los sectores próximos a la izquierda aberzale-- vivió ese cierre como una agresión al euskera y no como un paso más en la lucha contra ETA. Para muchos, ese proyecto nacido en 1990 era una iniciativa plural fundamental en el proceso de normalización del euskera, ya que desde 1937 no había existido un periódico en esta lengua. A estas alturas, no parece que haya pruebas consistentes para sustentar la acusación inicial y, en unos momentos en que todo apunta hacia el fin de la violencia, sería un paso atrás forzar una sentencia para eludir las responsabilidades en un cierre que afectó a decenas de trabajadores y a la normalización del euskera.

*Catedrático de H Contemporánea y autor de ´Euskadi, crónica de una desesperanza´