Siete años después de ocurridos los hechos, unas notas incautadas por otro caso al exresponsable de los servicios secretos franceses general Philippe Rondot empiezan a aportar luz al suceso protagonizado en el 2002 por dos agentes del país vecino. Christian Piazzole y Richard Pérez fueron detenidos en Manresa con una sofisticada arma de mira telescópica que, al parecer, iban a utilizar para un asesinato selectivo. Los dos espías fueron encarcelados y procesados por depósito de armas de guerra, con una petición fiscal de siete años de cárcel. Las autoridades francesas presionaron sin cesar durante los ocho meses en que los agentes permanecieron en prisión, hasta que las gestiones diplomáticas lograron su liberación con el compromiso de que se presentarían el día del juicio. La vista, fijada para el 4 de marzo del 2004, nunca se celebró porque, como era de temer, los dos acusados no se presentaron. Se dictó una orden internacional de captura y nunca más se supo. Hasta ahora. Y lo que se va conociendo ahora es que el Gobierno del PP intervino para conseguir la liberación, que antes ya había demandado infructuosamente el propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Como se empieza a admitir, seguramente la buena cooperación antiterrorista con Francia --que, desde entonces, no ha hecho sino mejorar-- es uno de los motivos por los que el Gobierno español quería devolver el favor. La colaboración entre los servicios secretos de los países es imprescindible para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pero en este caso hay serias sospechas de que los agentes vinieron a España dispuestos a cometer un grave delito, que debe aclararse antes de dejar sin efecto la inútil orden de búsqueda y captura.
