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Editorial

Franqueada otra línea roja

 

15/09/2017

El vicepresidente y conseller de Economia, Oriol Junqueras, decidió ayer dejar de enviar al Ministerio de Hacienda el justificante semanal de gastos de la Generalitat que debe enviarle preceptivamente para asegurar los correspondientes ingresos y pagos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En la espiral de confrontación que tiene en marcha el Ejecutivo de Carles Puigdemont, estamos ante el traspaso de una nueva línea roja. La tercera y de gran importancia, porque en este caso no concierne a cargos electos o ejecutivos que aceptaban voluntariamente desobeceder al Tribunal Constitucional sino que estamos ante una decisión que puede causar serios perjuicios a personas, instituciones y empresas sin que tomen ninguna decisión. Junqueras sabe perfectamente que está poniendo en peligro el pago a los proveedores o a los bancos, si no todos probablemente la gran mayoría, porque solo podría contar para afrontarlos con los ingresos derivados de los tributos propios, una parte ínfima del presupuesto, o endeudarse en los mercados, cosa harto difícil si no directamente imposible. Estamos, pues, ante la primera decisión efectiva de este Govern en nombre del 1-O que puede afectar indistintamente a quienes le dan apoyo y a quienes no lo hacen.

Precisamente por este motivo, la respuesta que finalmente dé a este nuevo desafío el ministro Montoro tiene que estar más que nunca dentro de la «proporcionalidad» marcada por el presidente Rajoy. Todo apunta a que va a ser así. En ningún caso el Gobierno de España dejará de pagar por los servicios que reciben sus ciudadanos que viven en Cataluña, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan, dentro de la legalidad. Trasladar el castigo a los ciudadanos sería equipararse con la actitud del Govern de la Generalitat y perjudicar a quienes nada tienen que ver. El camino que ha indicado el ministerio es el de la fiscalización de los pagos para evitar que se cometa un delito de malversación, preservando en lo posible el autogobierno catalán, al menos mientras no quede suspendido o sus administradores inhabilitados. En este, como en otros asuntos, la desobediencia de los actuales mandatarios catalanes no puede poner en riesgo ni el bienestar de los ciudadanos ni la actividad económica ni la solvencia ante los socios europeos.