Fiscal

Coincidiendo con la apertura del año judicial, el PSOE ha denunciado el incumplimiento por el Gobierno del pacto de Estado de la justicia que los dos grandes partidos, PP y PSOE, suscribieron hace dos años, del que, según el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se está haciendo un uso "espurio". El presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha apresurado a responderle que "si quieren romper, que rompan".

Un veterano magistrado al que se pidió opinión sobre el pacto cuando éste se firmó en el 2001, respondió entonces: no me gusta comprar sobre plano. Tenía razón: el gran defecto del acuerdo era y es su excesiva generalidad, la indeterminación de los plazos y del contenido de las reformas. Se pactó la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero el consenso no se extendió posteriormente al funcionamiento de ese órgano, en el que el sector conservador impone sistemáticamente sus puntos de vista. Se pactaron también importantes reformas legales, pero el consenso respecto de las principales se ha estrellado contra la mayoría absoluta parlamentaria del PP, que ha impuesto sus modelos sin aceptar prácticamente ninguna enmienda de la oposición. En cuanto al dinero, se pactó una inversión de 1.500 millones de euros, pero sólo se ha empleado una mínima parte de lo previsto.

Legislar es gratis, pero aplicar las nuevas leyes no lo es. Las carencias personales y materiales de los juzgados y fiscalías siguen siendo manifiestas y, como consecuencia, la tramitación de los asuntos es lenta e inapropiada. Menores delincuentes, por ejemplo, quedan muchas veces en libertad porque el procedimiento no puede tramitarse dentro del plazo legal con los medios disponibles o porque no existen centros de internamiento.

En esta situación resulta significativa la discrepancia entre la apreciación de la justicia que tienen el Gobierno, los jueces y los ciudadanos. El pacto, según Aznar, está dando "muy buenos resultados", y los jueces parecen estar de acuerdo al considerar mayoritariamente que la situación de la justicia es "buena o muy buena". Los usuarios, por el contrario, la han puntuado con un 4,9 sobre 10, a pesar de lo cual, el portavoz del CGPJ, inasequible al desaliento, ha declarado que ese suspenso le parece "una nota alta". El PSOE está pagando la imprevisión de haber comprado sobre plano un pacto que tendría que haber incluido mucha más letra pequeña sobre qué y cómo se iba a reformar, cuánto y cuándo se iba a invertir, y sobre todo, cómo se iba a garantizar un servicio público de justicia eficaz, transparente e imparcial.

En su lugar ha recibido el mismo aparato burocrático que ya conocíamos, en el que se han introducido algunas mejoras, pero cuya percepción por parte de quienes lo utilizan empeora gradualmente, y cuya independencia e imparcialidad resultan cada vez más cuestionables como consecuencia de la actuación y las manifestaciones públicas de sus más significados representantes --el martes, el presidente del Supremo, Francisco José Hernando-- que parecen empeñados en reiterar miméticamente los postulados del Gobierno.

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que la ley de juicios rápidos abriría nuevos carriles para descongestionar la autopista de los tribunales. La comparación es desafortunada: los delincuentes y los demandados no circulan voluntariamente hacia la justicia, tienen que ser conducidos. No hacen falta sólo más carriles, sino más jueces y fiscales que transiten por ellos, y también más medios materiales; el propio fiscal general acaba de poner de manifiesto esa necesidad.

Sin embargo, no parece que ésa vaya a ser la tendencia. La gente hace colas de una hora para entrar a los juzgados de Barcelona. Para Madrid, cuyo Tribunal Superior reclama 76 nuevos juzgados, el Ministerio de Justicia ha asignado cuatro. Y la mayoría del CGPJ ha rechazado la petición de 150 nuevas plazas de jueces reclamadas por la oposición.

Aznar considera que la justicia funciona bien, pero sería bueno que se detuviera a reflexionar por qué la mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo: sobre todo, teniendo en cuenta que el 57% de los encuestados no culpa a los jueces, sino a su Administración.