Lo de Marbella no tiene buena pinta. Ya hace tiempo se vienen produciendo hechos sintomáticos de la presencia de mafias en la ciudad, y a nadie le ha sorprendido que la corrupción haya salpicado al propio ayuntamiento. Por algo la Junta de Andalucía había impugnado judicialmente más de 138 acuerdos municipales, requiriendo en 54 ocasiones al ayuntamiento para que revisara las licencias ilegales, exigiéndole en otras más de 250 la paralización de obras, e instándole con más de 20 comunicaciones a que cumpliera los actos dictados por los Tribunales, llegando a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 31 actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito. Con este currículo , no es de extrañar que la oposición municipal hubiera propuesto en los años 2001, y 2003 la disolución del consistorio, aun en contra de la opinión del PP, que se opuso en ambas ocasiones.
Ahora hemos sabido que el agujero del consistorio municipal ronda los tres mil millones de euros, astronómica cantidad de dinero defraudado, que sin embargo es probablemente uno de tantos chanchullos entre la amalgama de negocios ilegales que estos artistas del delito se han montado.
Ahora toca reparar el desaguisado, y lo peor de todo no va a ser asumir el déficit presupuestario y las deudas de Marbella, que habrá que hacerlo a base de apretarse el cinturón y de pellizcar aquí y allá los caudales de los honrados contribuyentes, sino limpiar la costa de parásitos y desmantelar las mafias que han engordado en tan favorable ambiente.
Pero la tentación de repartirse entre cuatro los recursos públicos no es exclusiva de Marbella, y aunque en otros lares no hayan llegado a faltar la lejía y el papel higiénico de los colegios públicos, este fenómeno, por lo visto, acecha a toda la costa mediterránea, que sigue siendo con su arrasador boom inmobiliario un lugar de incomparables cualidades para disimular y blanquear el dinero de dudosa procedencia. El ejecutivo socialista ha tenido que proponerse, en consecuencia, asentar los cimientos de una nueva política urbanística que, entre otras cosas, evite situaciones como la que lo ha obligado a iniciar el proceso de disolución del consistorio marbellí, y ha prometido, por boca de la ministra de la Vivienda, M. Antonia Trujillo, una futura Ley del Suelo, donde se protejan derechos de los ciudadanos, como la vivienda, o vivir en un medio ambiente adecuado, aunque ello suponga limitar las competencias urbanísticas locales. La ministra ha manifestado, suscitando cierta polémica, la intención del Gobierno de crear una Fiscalía de Delitos Urbanísticos, dentro de las medidas adoptadas para combatir esta insostenible corrupción.
XDE MOMENTOx la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe , así como la primera teniente alcalde, Isabel García Marcos , junto a otros dos concejales, han pasado del glamour a la trena, por recibir presuntamente , junto al señor Roca , antiguo gerente de Urbanismo de la ciudad y posible cerebro de las actividades delictivas del grupo, abultadas cantidades de dinero a cambio de las adjudicaciones irregulares --a dedo-- de los concursos, para el alquiler de vehículos oficiales del ayuntamiento y para la retirada de vehículos de la vía pública --grúa--, operación por la que el empresario beneficiario, Ismael Pérez Peña pagó a Roca dos millones de euros y regaló varios coches de lujo a Yagüe.
Según la investigación del juzgado de instrucción n.º 5 de la localidad, en la trama aparecen implicados varios abogados, a la cabeza de una red de sociedades instrumentales usadas para blanquear el dinero obtenido con las comisiones ilegales mediante la compra de inmuebles.
La historia pulula de boca en boca, y ya se conocen ciertos nombres y algunas cifras, de una laboriosa tela de araña, que costará tiempo desenmarañar. Pero este turbio asunto, además del evidente daño urbanístico, y del deterioro de los servicios públicos, debido a la quiebra de la gestión municipal, que ha ocasionado, ha puesto en evidencia el riesgo que conlleva el sistema de gestión privada de los servicios públicos municipales en los grandes núcleos urbanos.
Siempre he desconfiado de la privatización de los servicios públicos, y considero que el sistema favorece todo tipo de chanchulleos , además de implicar un mayor costo, para una misma calidad del servicio, si tenemos en cuenta el beneficio añadido del empresario. Porque ¿hasta qué punto deben plantearse los servicios municipales atendiendo a los intereses económicos de una empresa, como si se tratara de un negocio, en vez de tener como único objetivo la atención del ciudadano? Alrededor de la Operación malaya vuelan las preguntas, desaparecen los papeles , y entre la gente guapa más de uno pasará, siguiendo el ejemplo de los alcaldes marbellíes, del glamour a la trena.
*Profesora de Secundaria
