Se ha convertido en un argumento recurrente culpar a la política de déficit cero del Gobierno de cada uno de los errores, desastres o incomodidades causados por un mal funcionamiento de los servicios públicos. En algunos casos el recorte del gasto de las administraciones es la causa, más o menos directa. En otros, se trata de un razonamiento algo simplista. Pero las informaciones que se van desvelando en torno al trágico accidente ferroviario de Chinchilla indican que difícilmente puede encontrarse un caso en que las consecuencias de la austeridad presupuestaria aparezcan tan claras.
Dejar sin ejecutar partidas presupuestadas es uno de los mecanismos más socorridos del Gobierno para presentar luego unas cuentas más saneadas en la apariencia que en el fondo. La inversión en los mecanismos de seguridad para la línea de Albacete se licitó tres años después de ser consignada. Según Fomento, es el periodo de tramitación normal. Que el proyecto se desbloqueara rápidamente tras el accidente de Tobarra (que el ministerio calificó de sabotaje) permite dudarlo. Lo seguro es que los instrumentos que deberían haber paliado el error humano no llegaron a tiempo en Chinchilla, y podrían haberlo hecho.
