TNtunca en nuestra historia reciente la clase trabajadora había sufrido agresión tan grave como el recorte de derechos que se produce tras la reforma laboral. La huelga general es la respuesta forzosa e inevitable a este inmenso paso atrás que venimos sufriendo desde que el 12 de mayo el Gobierno español pegase un volantazo a su política económica y laboral y se cambiase de carril.
Sobran las razones para secundar un paro general contra una política laboral que busca conseguir una clase trabajadora con menos derechos laborales, más dócil y barata, y puestos de trabajo más precarios.
La reforma laboral está totalmente escorada hacia el lado empresarial: Facilita el despido y no contribuye a generar empleo; ataca la negociación colectiva propiciando la degradación de las condiciones laborales, privatiza el desempleo al autorizar las agencias privadas de colocación. El próximo paso en esta carrera hacia el desastre son las pensiones. Con todas estas políticas estamos aplicando una soga a nuestra economía. Estamos ante una situación insostenible. Una sociedad que no crea empleo está abocada al fracaso y al conflicto social.
En los últimos meses, los poderes económicos, con la complicidad de la mayoría de las fuerzas políticas y de los organismos internacionales han aprovechado la crisis para avanzar aún más en el recorte de derechos, en la aplicación de las viejas recetas del neoliberalismo económico que nos han llevado a la crisis.
Estamos, pues, ante una evidente injusticia porque se ha hecho cargar el peso de los ajustes en los colectivos más débiles, mientras que a los poderosos, a esos ni tocarlos. Los esfuerzos para salir de la crisis deben ser del conjunto de la sociedad, no de unos pocos.
En este escenario no cabe la resignación, debemos expresar nuestro malestar democráticamente con las herramientas de que disponemos como la huelga general. Pese a quien pese, los sindicatos no vamos a consentir que los trabajadores de este país se conviertan en una mercancía, en personas vulnerables cuando entran por la puerta de su centro de trabajo o cuando pierden el empleo, en personas sin derecho a una pensión de jubilación digna. El Gobierno debe rectificar su deriva neoliberal y no seguir cediendo al chantaje de los mercados financieros, actuando de verdugo ante los más modestos.
