Ante la reforma laboral que se proyecta, los sindicatos tienen sus razones. Primera: las empresas volverán a crear empleo cuando tengan pedidos, no cuando se abarate el despido. Segunda: rebajar el coste del despido de los trabajadores fijos en plena crisis solo habría logrado aumentar más el paro. Además, el Gobierno sabe que reformar el mercado de trabajo en contra de los sindicatos enrarecería el clima social y no beneficiaría a la economía.

Pero hay urgencia en ponerse de acuerdo. Primero, por causas que poco tienen que ver con el despido. Hay que flexibilizar y adaptar la negociación colectiva a la realidad de cada empresa si queremos que estas puedan sobrevivir a la crisis. También hay que cambiar las ayudas a la contratación. Como decía ayer el profesor Oliver en este diario, el gran problema es que la tasa de paro de los menores de 25 años supera el 40%, algo escandaloso que duplica la tasa media, ya muy alta, del 19%. Hay que priorizar, pues, las subvenciones al empleo en los jóvenes. Luego está el tema, más delicado, de la dualidad del mercado de trabajo. En España tenemos el 30% de la fuerza laboral con contratos precarios y sin coste de despido (ocho días). Y el resto trabaja con contratos fijos en los que el coste de rescisión --salvo en los expedientes de regulación de empleo (ERE)-- sube a 45 días por año. Esta dualidad no puede seguir. El cambio de modelo productivo --imprescindible para el futuro-- exige trabajadores fijos y en formación continua. Por eso la temporalidad no puede tener tanto peso. Y el coste de despido de los fijos es superior al de otros países europeos. Sin cambios, los empresarios no escogerán España para iniciar nuevas actividades. Es algo que no puede ignorarse.

A juzgar por el documento presentado el lunes, el Gobierno lo ha entendido y propone generalizar el contrato fijo con indemnización de 33 días por año, que ya existe, pero no se usa. Y está dispuesto a que una parte del coste (ocho días) corra a cargo del Estado. El trabajador no vería mermados sus derechos y al empresario se le reducirían los costes de despido a casi la mitad (de 45 a 25 días).

Es una idea interesante, que exige más concreción. Hay que cuantificar su impacto sobre el déficit público, que no puede aumentar. Además, llevamos ya demasiado tiempo en la negociación del pacto social. Y la prudencia razonable puede acabar pareciendo un intento de marear la perdiz, algo que no favorecería la confianza en el buen criterio del Gobierno.