La operación que ha permitido desmantelar un comando de 14 presuntos terroristas islámicos se enfrenta a un dilema. Mientras las fuerzas de seguridad disponen de indicios suficientes para deducir que han dado con una célula bien organizada y con objetivos fijados, la concreción de pruebas plantea no pocas dificultades. De forma que resulta tranquilizador para la opinión pública que el grupo haya sido neutralizado, pero es bastante más problemático proceder a la instrucción judicial de la causa.

Inducir a la sospecha, dar pie a suposiciones y otros estados de ánimo parecidos no son suficientes para que la fiscalía y los jueces puedan actuar. La prórroga hasta mañana solicitada por los investigadores para aportar a la instrucción pruebas de convicción sólidas con las que acudir a la Audiencia Nacional es más que un indicio de las dificultades que entraña pasar de la presunción a la certidumbre. Estas son las reglas del juego en el Estado de derecho, incluso en los casos que provocan mayor alarma social.

El terrorismo global, adscrito a una de las múltiples franquicias de Al Qaeda, está tan profesionalizado que puede plantear estos desafíos a los servicios de seguridad de los países democráticos. No se trata de una situación inesperada. Antes al contrario, debe figurar en el horizonte policial hacer frente a estos desafíos, adelantarse a los acontecimientos e intervenir para evitar males mayores --la comisión de un atentado--, aunque el material probatorio impida después seguir adelante. Esta forma de proceder puede reputarse excesivamente garantista, pero es preferible a cualquier excusa para vulnerar la ley.