El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dio ayer a conocer los planes de su gobierno para reducir gastos y personal, que se resumen en prescindir, ya el próximo marzo, de un 10% de altos cargos con nombramiento en el Diario Oficial, de otro tanto de personal eventual --llamado ´de confianza´-- y de directivos del Servicio Extremeño de Salud. El total de afectados asciende a 35. Además, Fernández Vara se compromete a meterle la tijera en otro 20% a esos grupos si consigue la victoria en las elecciones de 2011. Al tiempo, la Junta, en un plazo de tres meses, reducirá de 18 a 6 las empresas públicas; disminuirá en un 10% las jefaturas de servicio a lo largo de este año y amortizará 149 plazas de funcionarios. El ahorro previsto por todas estas medidas se calcula en 12 millones de euros.

En los tiempos que corren, con un déficit público rampante, con una tasa de endeudamiento de la Administración autonómica que ya alcanzó el año pasado lo que el Estado había previsto para la región en 2010, se cae por su propio peso la decisión de recortar los gastos que anunció ayer la Junta. Si acaso, cabría reprocharle que no lo hubiera hecho antes, siguiendo el comportamiento adoptado por la mayoría de los ciudadanos, que llevan meses siendo selectivos con los gastos por temor a contraer una deuda que después no puedan pagar.

Sin embargo, a pesar de que en estos tiempos hay que apretarse el cinturón y eso es lo que va a hacer la Junta, por el modo como lo ha planteado el presidente parece que ha actuado a remolque de los acontecimientos. Por ejemplo, Fernández Vara se refirió a que hay que cambiar la estructura de la Administración para reducir un 10% las jefaturas de servicio, pero acto seguido señaló que esos cambios se llevarán a cabo "previo análisis": no es lógico decidir ya una determinada reducción de puestos cuando no se han hecho los análisis que la avalan, porque podría darse el caso que de esos análisis se desprendiera que hay que reducir más o menos jefaturas que las anunciadas. Por otro lado, el alcance del ajuste queda indeterminado desde el momento en que condiciona la mayor parte de él a su victoria electoral.

La reducción de los altos cargos tiene muy buena prensa, tanta como mala prensa tiene resistirse a llevarla a cabo. Es un campo donde florece con fuerza la demagogia y donde se oculta el verdadero dilema: si la Administración es, o no, eficiente. Sobre este asunto, el PP se ha comportado en los últimos días farisaicamente: por un lado ha ido aumentando paulatinamente el número de los altos cargos ´que sobran´ en la Administración regional, como si quisiera dar a entender que para los populares la mejor administración es aquella en la que no hay nadie para adoptar decisiones políticas; y, por otro lado no ha adquirido el más mínimo compromiso para reducir un solo alto cargo en aquellas administraciones en las que gobierna. La actitud de Monago sería más creíble si su papel de adalid de la supresión de cargos públicos lo interpretara también ante los responsables de los ayuntamientos en los que gobierna.