Abogada
En una reciente sentencia el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que los inmigrantes ilegales puedan recurrir gratis contra su expulsión. Esta sentencia es fruto del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra el inciso "que residan legalmente en España"?, del artículo 2.a) de la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia gratuita. Sin duda se trata de una buena noticia, pues, entre otras cuestiones, España tiene suscritos varios acuerdos internacionales en los que no cabe la limitación de la asistencia jurídica gratuita en el caso de los extranjeros residentes no legales. Aún más, la legislación de extranjería contempla la expulsión como sanción para los extranjeros que se encuentren ilegalmente en España; de esta manera, si no se hubiera producido el fallo judicial mencionado, el extranjero que no tuviera medios económicos no tendría la posibilidad de asistencia jurídica gratuita necesaria para interponer recurso contencioso-administrativo contra el acto administrativo que acuerde su expulsión. Teniendo en cuenta también que tal requisito es imprescindible para acudir a dicha jurisdicción, de hecho se daría el caso que no podría ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva respecto a la resolución que acuerda su expulsión.
El derecho a la tutela judicial en la sociedad actual es un derecho más que consagrado, más allá de cualquier texto normativo. Podríamos decir que se trata de una de las conquistas a las que ningún ciudadano debe de sustraerse; ni mucho menos por su condición de ilegalidad en un país.
Ser titular de este derecho es lo mismo que reivindicar la presunción de inocencia de cualquier persona.
