La próxima semana el Congreso dará vía libre a la nueva ley del aborto, una de las propuestas más destacadas con las que el PSOE concurrió a las elecciones del 2008. No será una norma fruto del consenso, pero no se podrá decir que el Gobierno no ha hecho esfuerzos para que sea así. Desde el principio estuvo claro que el PP no aceptaría negociación. La negativa habría sido legítima si se hubiera ceñido al objeto de discusión, esto es, la ampliación de los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. Pero el partido de Rajoy no pudo sustraerse a la tentación de desgastar al Gobierno y arremeter contra el propio derecho al aborto, que los conservadores no cuestionaron durante los ocho años que gobernaron. Al final, como en otras ocasiones, el PP se ha quedado solo. Como novedades más destacadas, la ley establece en 14 semanas el plazo para el aborto sin condiciones, y otorga el derecho a abortar a las chicas de 16 y 17 años sin que prevalezca una hipotética oposición paterna. Las jóvenes solo estarán obligadas a informar a uno de los progenitores, pero incluso de este trámite estarán exentas si eso diera lugar a amenazas o a un conflicto. Es una redacción ambigua, que quizá haya que revisar en el futuro, pero este y los otros artículos de la ley colocan el derecho al aborto en España al mismo nivel que en la mayoría de los países europeos.
