Historiador

Lo malo de las autonomías administrativas son las competencias a compartir. El que desde el Gobierno del Estado legislen para que luego, en cada comunidad autónoma, se gestione bajo los postulados que ya quedan establecidos. Ahora, con la Ley de Calidad Educativa, la paradoja puede llegar a extremos irritantes. Ya lo ha ido siendo con la política de Urbanismo y con los proyectos de reforma --tímida reforma-- agraria. ¿Qué es lo que le queda al Gobierno de cada región, de cada autonomía? Acatar el articulado legislativo superior y hacer que las instancias bajo su control se atengan al mismo.

Así, con esta nueva ley de contrarreforma educativa, se puede llegar a dar la contradicción de que en Extremadura, donde el Gobierno regional está en contra de la filosofía que la sustenta, el cuerpo de inspectores de educación, bajo competencia autonómica, y el propio profesorado, tengan que esforzarse en aplicar lo que desde las instancias regionales es indeseable. O sea, ha de segregar al alumnado, compartimentarlo, predestinarlo desde bien temprano a un campo u otro de actividades laborales, suprimir la comprensividad en esa edad crucial de la pubertad, la interacción en la diversidad, o sea triturar la LOGSE en la que puso tanto empeño, en lugar de perfeccionarla, eliminando errores y subrayando aciertos que ahora se menosprecian.

Administrar leyes de otros puede convertirse en un cruel destino para los que entendemos que la vuelta al liberalismo, que ya creíamos superado --¡qué inocentes!--, nos transforma en guardianes por imperativo legal de modelos urbanos, productivos ecológicos , culturales, educativos, etcétera, que benefician a los de siempre, y nos alejan de la transformación social que tanto hemos soñado.