Secretario generalde UGT Extremadura

Tras el fracaso de la reciente cumbre de Bruselas a la hora del reparto del poder en la ampliada Unión Europea, la aprobación de la Constitución Europea debe esperar. Lo que no ha esperado un día siquiera es la batalla del dinero. Los grandes países de la Unión ya han anunciado su intención de plantear la congelación del presupuesto, lo que inevitablemente se traducirá en un recorte de los gastos.

Las crónicas de los medios hablan de tablas entre España y Polonia por un lado y Francia y Alemania por otro. Nada más lejos de la realidad. Los resultados de la cumbre belga son un evidente fracaso para nuestro país, desde todas las perspectivas posibles: políticas, económicas y sociales. Y en todo este proceso el culpable no es otro que el Gobierno español. De los polvos de las Azores se ha llegado a los lodos de Bruselas.

Desde nuestra entrada en la Unión Europa, España se significó, con muchas dificultades, como un socio leal del proceso de construcción europea. Esa lealtad generó los apoyos necesarios para otorgarle un peso político superior al real. De esta forma en la cumbre de Niza, España, con 40 millones de habitantes, obtenía 27 votos en el Consejo Europeo, mientras que Alemania con 82 millones de habitantes poseía 29 votos.

Esta desproporción a nuestro favor estaba basada en la confianza política antes referida, que desapareció en el momento en que España, a través de nuestro crecido presidente del Gobierno, se posicionó devotamente atlantista y con un seguidismo vergonzante de la política de guerra preventiva del señor Bush. La división europea estaba servida y España actuaba como mero agente transmisor de Estados Unidos, a quien, evidentemente, no le interesaba una Europa política y económicamente fuerte.

La desconfianza del eje franco-alemán ante la devota posición española en la guerra iraquí provoca que en la conferencia intergubernamental y a través del reparto del poder se coloque a nuestro país con el peso político que realmente le corresponde, y que, a pesar de la dilación de Bruselas, acabará por imponerse: somos un país de segunda división jugando en primera.

En todo caso, las consecuencias y represalias económicas serán preocupantes para nuestro país y, en especial, para nuestra comunidad. A partir del año 2004 hay que renegociar los reglamentos de los fondos estructurales y ya se sabe, el que paga, manda. En los próximos años y aunque Extremadura siga siendo considerada como región objetivo 1, la entrada de 55 regiones europeas con un PIB inferior al extremeño provocará que los índices extremeños se sitúen por encima de la media, con la pérdida que ello conlleva de fondos comunitarios.

La negociación del proceso de adaptación y compensación por este efecto estadístico será otro as en la manga de los grandes para hacernos pagar por la prepotencia del Gobierno español. Es difícil pedir comprensión política y ayuda económica en una fase de transición (phasing-out) a quienes no hemos demostrado lealtad ninguna en el proceso de construcción de Europa.

Conviene recordar que los fondos estructurales suponen más de 870 millones de euros para Extremadura o, lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros del presupuesto extremeño del año 2004 se financia con cargo a estas transferencias europeas. Resulta extraño, por tanto, que no se haya expresado públicamente ninguna crítica desde Extremadura a los malos, pésimos, preocupantes resultados que en un futuro cercano va a suponer para nuestra comunidad el enconamiento del Gobierno español en Bruselas. Y más entendiendo que esta crítica no debe entenderse como un posicionamiento favorable a una postura de debilidad de nuestro país, sino, simplemente, como una asunción de la realidad.

En conclusión, pintan bastos para la financiación europea del desarrollo extremeño en los próximos años que se unen a las retrógradas reformas de la PAC y de la OCM de algunos productos esenciales para nuestra economía. Además se paraliza una Constitución europea en la que, por primera vez, se iban a plasmar los derechos sociales recogidos en la Carta Social, la gran olvidada del proceso de construcción europea.

La cumbre que ha cerrado la presidencia italiana pasará a la historia como un estrepitoso fiasco y cuando la Constitución europea nazca, nacerá débil, con una importante tara de credibilidad que no ayuda en nada al ya desprestigiado escenario político europeo.