XExn el umbral del debate parlamentario acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, conviene recordar que esta última es un elemento básico en la construcción de Estado y que dicho proyecto, aprobado en Consejo de Ministros, en absoluto mejora lo que había (que ya de por sí no era bueno a tenor de los resultados obtenidos en el último informe Pisa, que valora por encima de otros aspectos la actitud de la familia como primera responsable de los escolares, los apoyos educativos, traducidos en buenas bibliotecas escolares, gratuidad total en libros y material escolar, horarios adaptados a las familias, etcétera, y por último la formación inicial y continua de los profesores).
Se hace necesario un pacto de Estado por la educación en el que intervengan todas las fuerzas sociales y políticas, el Gobierno y las comunidades autónomas. Si no es así ¿qué sentido tiene para nosotros la convergencia en Europa y las resoluciones de Lisboa para el año 2010 sobre la vertebración y el fortalecimiento del sistema educativo?
Si algo ha caracterizado a la educación española en los últimos años ha sido su inestabilidad, provocada por la falta de compromiso de los diferentes gobiernos cuando llegan al poder, como lo prueban tres leyes educativas y un proyecto de ley en los últimos quince años.
Un gobierno avanzado, progresista y plural debería defender sin titubeos un sistema público de enseñanza que garantice el derecho de los ciudadanos a la educación en condiciones de igualdad y democracia.
En cuanto a la vertebración del sistema educativo dentro del Estado (los propios profesores pertenecen a cuerpos nacionales) este proyecto de ley contempla la posibilidad de establecer diecisiete sistemas educativos diferentes, ya que no fija un mínimo curricular común para todo el Estado, posibilitando la ruptura de los principios de igualdad en el derecho a la educación y de oportunidades que la Constitución ha dado a los ciudadanos. Prueba de ello es el Capítulo III, artículo 6.º de la LOE: "Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas con lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan".
Parece ser que nuestros actuales gobernantes han olvidado muy pronto que la educación ha sido el elemento de centralidad en la configuración de los estados nacionales modernos.
La nueva ley ni vertebra el sistema educativo ni garantiza la cohesión interterritorial. Extremadura puede ser la gran damnificada de esta ley si no se establecen medidas de compensación. Tristemente no todas las comunidades autónomas tienen el mismo punto de partida.
Sin embargo otras comunidades autónomas, como Cataluña, se estarán frotando las manos, pues podrán disponer de un currículo puramente catalán si lo desean, además de las enormes posibilidades inversoras de dicha región. ¿Dónde queda la solidaridad interterritorial?
La garantía de la mejora de las condiciones laborales del profesorado y el apoyo por la recuperación de la dignificación de la carrera docente no se contemplan en el proyecto. Si los profesores no se sienten respaldados, motivados y respetados, la futura Ley de Educación será un nuevo fracaso que pagaremos todos. No olvidemos que los profesores han ido perdiendo paulatina pero constantemente peso específico y capacidad e liderazgo en el proceso educativo. Se sienten solos a la hora de hacer frente al vacío dejado por las familias, que hasta hace poco colaboraban con las escuelas.
Es innegable que entre los profesores existe un sentimiento de fracaso y de pérdida de autoestima, consecuencia del deterioro social de su imagen profesional, y la futura ley no hace nada para evitarlo.
*Presidente autonómicode CSI-CSIF Enseñanza
