El PP informó ayer de que la empresa Lusográfica de Olivenza, que se ha declarado en quiebra y pretende despedir a sus 47 trabajadores, se benefició de que el consistorio oliventino prácticamente le regaló los 65.000 metros cuadrados de suelo para que se instalara; de que la Sociedad de Fomento, que ha aportado un capital de 2,4 millones, es ahora el socio que más va a sufrir la quiebra, y de que nunca creó los cien puestos de trabajo prometidos.
Es claro que Lusográfica, de la que dicen los trabajadores que ha venido derivando clientes a otras empresas del grupo Lerner en Madrid para ´vaciar´ la oliventina, no ha cumplido todos los requisitos que, sobre el papel, se le impusieron para recibir ayudas públicas. También es claro, y comprensible, que en una región como Extremadura, las administraciones no son todo lo estrictas que la teoría establece ante la aparición de un empresario dispuesto a crear empleo, pero los datos conocidos invitan a pensar que, con esa empresa, se ha sido demasiado generoso. ¿Tenía necesidad el Ayuntamiento de Olivenza de exigirle a Lusográfica que mantuviera la actividad solo durante 5 años para no modificar el precio de 400 euros por los terrenos? Es difícil contestar afirmativamente a esta pregunta. Hay demasiados indicios de que los dueños de la imprenta han abusado de la buena fe de los administradores de los bienes públicos como para que ahora la actuación de la Junta se limite a buscarle un nuevo comprador. Eso está muy bien, pero debería impedir que se fuera después de levantarse el santo y limosna.
