WLwos pasados miércoles y jueves centenares de maestros y profesores de la provincia de Badajoz, llevando a cabo una iniciativa inusual, han hecho huelga y se han manifestado para hacer llegar una reclamación que, aunque la han expresado insistentemente y durante mucho tiempo, sigue pendiente: la de que se valore su trabajo. Lo han hecho sirviéndose del malestar que ha suscitado en el colectivo el proceder de la Consejería de Educación para con el profesor del colegio badajocense de Los Glacis apartado de la docencia después de ser acusado de agresión sexual a dos niñas de tres años.
Es necesario reconocer, matizando lo que días atrás se ha dicho en este mismo espacio, que poco margen le queda a la consejería después de recibir denuncias, nada menos que de esa naturaleza, por parte de dos padres de alumnos, y de que si el caso ha saltado a la opinión pública --que es un reproche que subyace en el fondo de la protesta, porque si no hubiera salido a la luz se le daría menos importancia a la medida adoptada por la consejería-- no fue por iniciativa de la misma, sino a remolque de noticias salidas de fuentes ajenas y que han producido una gran confusión, apareciendo datos que luego resultaban equívocos, cuando no corregían a los anteriores, y dando a entender que la consejería había obrado de una manera y después, a tenor de nueva información, de otra.
Los centenares de maestros que se han manifestado a favor de su compañero, acudiendo a Badajoz desde muchas localidades de la provincia, lo han hecho también pensando en sí mismos. Una de las profesoras que hizo pública su protesta lo expresó sin dudar: "Esto (lo que le ha ocurrido al maestro de Los Glacis) es la gota que colma el vaso". Es decir, lo último pero ni mucho menos lo único.
Y ese es el problema: no se trata de un hecho puntual, sobre el que se pronunciará la Justicia, sino de un estado de cosas: los enseñantes en nuestro país se sienten indefensos, han perdido aquel halo de dignidad profesional que, aunque todo el mundo coincide en señalar que es absolutamente necesario para el buen funcionamiento del sistema educativo, está siendo en la práctica vapuleado por todos. Por la Administración, que siempre recela y se resiste a asumir reivindicaciones que entiende corporativas, pero también por los padres, que casi nunca toman a los maestros por aliados en el proceso de la educación (no sólo en el de la instrucción) de sus hijos. Ahora, con demasiada frecuencia los padres no se colocan junto a los maestros cuando éstos reconvienen a sus hijos, sino que adoptan el papel de sus defensores, despojando a los maestros de la autoridad que necesitan para ejercer su trabajo con eficacia.
La manifestación de esta semana significaba una llamada de atención nada menos que sobre uno de los retos de la educación en España: la dignificación del papel del profesor. Un reto que para enfrentarse a él es preciso mucho más que la voluntad de la Administración: la voluntad de la sociedad. Tal vez la LOE, ahora en discusión, sea una ocasión para marcar un nuevo rumbo.
