WCw uando José Luis Rodríguez Zapatero presentó en mayo pasado su drástico plan de ajuste hizo una alusión a que prepararía cambios para que "los que más tiene" contribuyeran más al erario público. Y tras un rosario de pronunciamientos de distintos ministros, no todos ellos coincidentes, la vicepresidenta Elena Salgado desveló en el Congreso que habría "pequeños ajustes fiscales" para los Presupuestos del 2011. Según las filtraciones que se precipitaron pocas horas después, el Gobierno incluirá una subida del tipo marginal máximo del IRPF del 43% actual hasta el 45% --o quizá el 47%-- para rentas que superen los 120.000 o 130.000 euros anuales. El cambio afectaría a unos 160.000 contribuyentes en España --de los que 4.000 están en Extremadura--, algo menos del 1% del total, que pagarían como mucho unos 1.000 millones adicionales, aproximadamente el equivalente al 1% del déficit público del país de estos momentos.

Como se puede apreciar, la medida puede hacer mucho ruido, y de hecho ya lo ha conseguido, pero vista en detalle es más simbólica que efectiva. Idéntica a la que ya adoptó la Junta de Extremadura y otras autonomías, como Cataluña y Andalucía. Sumadas las dos subidas, las rentas más altas de Extremadura tendrán un marginal, como máximo, del 50%.

Con esta decisión, el Gobierno hace un gesto a la izquierda y a las clases populares y lo hace en un momento especialmente oportuno: a solo unos días de la huelga general y cuando se halla a medio camino entre las profundas reformas que ha acometido y las que abordará en el futuro próximo. Lo va a hacer, además, a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que le podría granjear, si no el apoyo, sí la neutralidad de algún grupo parlamentario a la izquierda del PSOE.

El Gobierno necesita cuadrar los números y reducir el desequilibrio presupuestario hasta dejarlo en el 3% en el 2013, tal como le exige la Unión Europea. Y es difícil que pueda lograrlo únicamente con recortes de gasto; incluso sería deseable que no utilizara solo las tijeras, porque los damnificados siempre son los mismos: los colectivos de menor renta, aquellos que más necesitan del Estado. Pero si no resultara ya cansino, habría que llamar la atención una vez más sobre el fraude y la relajada conciencia fiscal de los ciudadanos, males endémicos de la sociedad española a los que el Ejecutivo no planta cara con el rigor que merecen. También hay que reclamar al Gobierno que afine el sistema tributario español. Que acabe, por ejemplo, con las fórmulas legales que permiten la existencia de falsas empresas que dan cobertura a actividades profesionales como si fueran empresariales con el único objetivo de eludir --es decir, evadir, hay que decirlo claro-- impuestos.