Dos fiscales han abierto un nuevo frente en la atribulada presidencia de Donald Trump, que en apenas medio año acumula una pesada mochila de escándalos e irregularidades de todo tipo. El estado de Maryland y el distrito de Columbia llevarán a Trump a los tribunales por un supuesto conflicto de intereses por haber organizado en un hotel de su propiedad actos de países como Kuwait y Turquía. En el corazón del litigio está el hecho de que, a diferencia de lo que es tradicional, Trump no se ha desvinculado de sus negocios tras su llegada a la Casa Blanca. Los demandantes acusan al presidente de haber aceptado millones de dólares de representantes de gobiernos extranjeros, lo cual vulnera la Constitución. La demanda abre un nuevo frente legal para el magnate, en el ojo de huracán por las revelaciones del exdirector del FBI, James Comey y con un entorno bajo investigación por la trama rusa. Impeachment es la palabra que más se asocia últimamente al presidente, a pesar de que el proceso para destituirlo es un largo camino en el que resulta imprescindible el Partido Republicano, que no está por la labor. Pero lo que resulta innegable es que en todos los terrenos los peores vaticinios sobre Trump se van cumpliendo: es una persona que no da la talla mínima exigible para la alta responsabilidad que ostenta. El desdén con el que trata el mandato constitucional de no mezclar sus negocios con su cargo es un ejemplo más de hasta qué punto es indigno de sentarse en el Despacho Oval.
