En España tenemos a la infanta Cristina, que según ella no se enteraba para nada de los negocios de su marido; en Extremadura poseemos como hospital de referencia el centro sanitario que lleva su nombre, que se supone no durará mucho con el cartel, y no muy lejos del complejo asistencial tenemos en Badajoz a otra Cristina, la delegada del Gobierno en la región, Herrera de apellido, a la que los ‘negocios’ del Ministerio de Medio Ambiente para con la mina de Aguablanca también le pillan de sorpresa.
Hemos tenido esta semana un ejemplo del ‘papelón’ que la insoportable demora en la licencia ambiental para la mina de Monesterio obliga a desempeñar a los dirigentes del PP de Extremadura, y en la persona de la delegada del Gobierno aún más porque es la representante institucional del mismo, y según sus palabras si tuviera que ir a un imaginario juicio político por lo que está pasando, también podría alegar que ella no sabía lo que pasaba en su casa, que es la Administración estatal española, al menos en este caso.
Al conocerse días atras que con motivo de una solicitud de ampliación de plazo por parte de la empresa, el Ministerio le había endilgado nuevas peticiones de documentación, en algo así como si quieres caldo toma dos tazas, la delegada del Gobierno tuvo que salir a intentar apagar el incendio, y según los periodistas dijo presta y rápida que «aunque desconoce de qué se trata» [la nueva documentación solicitada por Medio Ambiente], «es una cuestión de carácter técnico».
La delegada desconoce lo que ha pedido el Ministerio, ¿pero tiene claro que es una cuestión de carácter técnico?. De antemano, chapeau por tener que torear mihuras que no son suyos, pero a partir de ahora convendría una llamada a Moncloa para que dé órdenes de que a la delegada del Gobierno en Extremadura se la tenga informada de los pasos en asunto tan sensible; sensible política y quizá electoralmente, en el que no se explican tantas pegas, y tantas ruedas de molino con las que están comulgando en este asunto los dirigentes extremeños del PP.
Pero sigo con la cita de lo que recogieron los compañeros que tomaron sus declaraciones, y nos encontramos con este otro collar de perlas verdaderas: «Respecto a si se trataría de nueva documentación o ampliación de la pedida el pasado 8 de febrero, ha indicado que aunque no es técnica, a lo mejor será otra, para asegurarse de emitir ese informe».
Vamos a ver, ¿no habíamos quedado en un primer chorro de agua con espuma que, aunque ella lo desconocía, se trataba sin duda solo de una cuestión técnica? Ahora a lo mejor no es técnica, sino de otra índole.
Cuentan que el PP de Extremadura quiere sacarle más rendimiento político a la Delegación del Gobierno, aunque no es fácil porque más allá de las competencias en Policía y Guardia Civil no se adivina mucho más; pero si es así no puede ser que el propio Gobierno mantenga en la aparente ignorancia, como Urdangarín a su esposa según la sentencia, a la máxima representación política del mismo en la región.
Y por encima de todo no puede ser que el PP regional siga permitiendo e intentando aplacar este agravio enorme, y a falta de otros datos gratuito, en la tramitación ambiental para que la mina Aguablanca pueda continuar siendo explotada con 400 trabajadores ahora en subterráneo.
La emoción. Sin salir de Badajoz, aunque en Cáceres podríamos hablar de unos apartamentos para universitarios responsabilidad del Ayuntamiento, donde los estudiantes pagan la luz pero el dinero no llega a Iberdrola, vemos que la moción de censura contra Fragoso, lenta, pero avanza, y PSOE y Podemos Recuperar Badajoz han cumplido expectativas con un esbozo de programa de gobierno.
Pero la moción no la juegan ellos, la juegan el concejal Borruel, su sobrino, y Cayetano Polo desde Cáceres (coordinador territorial), mientras la diputada y portavoz regional Victoria Domínguez trata de no ser absorbida por un fregado que contempla con asombro.
