La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que el sábado presentaron a los presidentes de la Junta, la Asamblea y a los dirigentes parlamentarios del PSOE y el PP la comisión de expertos extremeños que la ha elaborado, contiene algunas ideas que pueden resultar muy positivas para la región. Aunque la prudencia debe dirigir cualquier comentario sobre la propuesta, puesto que el sábado solo se dieron a conocer algunos aspectos de la misma para que sean las instituciones y los parlamentarios los que conozcan en primer lugar su contenido, el presidente de la comisión, el exministro Alberto Oliart, dijo que entre las ideas debatidas por los expertos y finalmente incluidas en la propuesta se encuentra que la que será la norma fundamental de la Autonomía Extremeña recoja el compromiso del Estado de dotar a la región de los medios necesarios para que alcance la media nacional en Producto Interior Bruto y desarrollo.

La idea se puede encontrar con una primera dificultad: cómo se articula el esfuerzo estatal para lograr ese objetivo, puesto que no se trata únicamente de que aumenten en tal o en cual porcentaje las partidas de inversiones; tampoco se ha dicho si ese esfuerzo debe ser sostenido por el Estado en un tiempo determinado ni si ese plazo se introducirá o no en las negociaciones que se establezcan a partir de ahora entre los partidos políticos, que serán los protagonistas de la elaboración de la nueva norma. Pero lo cierto es que comprometer al Estado en dotar a la región de los medios para que abandone su secular baja posición en renta y desarrollo en España es una iniciativa que hay que aplaudir sin reservas. El Estatuto no es una ley cualquiera: es el pacto, expresado en una ley orgánica y sometido primero a discusión en la Asamblea y luego en las Cortes, del Estado y la Comunidad Autónoma, que a ambas partes compromete.

Por otro lado, una idea así se apoya en el principio de solidaridad: no es pedir más que nadie, sino pedir lo que corresponde a Extremadura para que no sea menos que nadie. Es difícil imaginar a un gobierno negándose a aceptar una condición como la que se presenta, que solo persigue la equiparación, la igualdad con el resto de las comunidades españolas. Y menos en un contexto político en que las reformas de los estatutos se dirigen a conseguir privilegios, negociaciones bilaterales, y "competencias exclusivas" de lo que deben ser competencias estatales y, por tanto, compartidas por todos.

Existe otro enfoque positivo en la propuesta de los expertos: la definición de Extremadura es, en su contenido, prácticamente la misma que la del actual Estatuto. En este sentido Extremadura da una lección de lo que es el encaje sin complejos en la estructura autonómica del Estado. No enredarse en terminologías vacuas que solo conducen a discusiones estériles y que distraen de lo fundamental --la cohesión social, el desarrollo y el progreso en un contexto de profundización de los derechos, de la oportunidad de promoción y de la igualdad de todos los extremeños-- es el mejor ejemplo de madurez política.

La comisión de reforma del Estatuto de la Asamblea tendrá ahora que empezar a discutir, pero la base sobre la que van a hacerlo permite ser optimistas. Solo cabe esperar que los representantes del PSOE y el PP trabajen con el espíritu de lograr un texto que sea la mejor herramienta para conseguir el mejor futuro para la región.