Ya hay un texto universal sobre las obligaciones éticas a tener en cuenta por las empresas en todo el mundo. La ONU ha conseguido la aprobación, aún demasiado condicionada, de un código deontológico empresarial. Es equiparable a lo que ha supuesto la declaración de derechos humanos de 1948 para determinar la fiabilidad democrática de cualquier gobierno en el mundo. Es pronto para confiar que el texto que hoy se aprueba en Ginebra sirva para cambiar el rumbo de la globalización económica. Pero va a ayudar. El destinatario de esos principios son las multinacionales con sede en EEUU y en la UE --partícipes de los debates previos por estrategia promocional--, cuyas malas prácticas inspiran lo que debe ser universalmente condenable: la explotación laboral, el daño medioambiental y la contabilidad fraudulenta.

Sancionar a quienes contravengan las normas éticas de globalización no será fácil. La principal contradicción de un código de comportamiento es que, si se convierte en norma sancionadora, pierde buena parte de su apuesta por la asunción voluntaria de sus postulados. Pero los abusos de las multinacionales, que tanto daño han causado a millones de habitantes, bien merece esa declaración.