El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de empresarios y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias firmaron ayer el Pacto Social y Político de Reformas que había anunciado el primero durante el debate en la Asamblea sobre el estado de la región, el pasado 29 de junio. El documento será sometido a partir de ahora a la consideración de los ciudadanos, sus propuestas serán incorporadas al texto y la propia Asamblea lo discutirá para su aprobación final, previsiblemente en el primer trimestre del año que viene.

Con independencia de su contenido, el primer valor de un texto como el que ayer firmaron los responsables de las instituciones mencionadas es su mera existencia: un acuerdo como el impulsado por Vara es una novedad política; es una iniciativa que inaugura un modo participativo --hasta ahora las propuestas eran de los partidos, que acaparaban el papel protagonista-- de plantearse las reformas sociales, políticas y económicas de las que se espera que impulsen el desarrollo de la región. En este sentido, el documento establece tanto la filosofía --de marcado sello socialdemócrata: igualdad entre los ciudadanos y cohesión de los territorios--, como la apuesta por un modelo productivo basado en una economía abierta, de servicios, y con incidencia en la innovación y en la tecnología. El documento plantea también medidas concretas, como una ley de la ciencia, la creación de un observatorio para el desarrollo, la ley de financiación de la Universidad y la fusión en una nueva empresa pública de Sofiex, Fomento de Emprendedores y Fomento de Mercados, que va en la dirección de apostar porque la investigación, el desarrollo y la innovación sean cada vez más decisivos en el tejido productivo extremeño, una asignatura que necesariamente tiene que aprobar cualquier sociedad que pretenda seguir desarrollándose y que en Extremadura apenas ha empezado a impartirse.

Algunos de los firmantes consideran que el acuerdo de los agentes sociales y de la Junta sobre la base de un pacto de esta naturaleza constituye un momento histórico. Quizás sea exagerado, al menos prematuramente exagerado, por cuanto su verdadera estatura no es la que el documento, que es una declaración de intenciones, tiene ahora. Pero puede serlo según sea el interés ciudadano que concite, el calado de las aportaciones que recoja y, sobre todo, por su contenido final y el impulso que se le imprima a las reformas que plantee. En este aspecto, la reacción que el PP ha tenido al conocer el pacto es la lógica y, además, la que le toca hacer en su papel de oposición: Monago ha reclamado plazos y financiación para llevar a cabo los cambios que se pretenden. Una llamada a la realidad incuestionable de que para acometer el programa ambicioso que plantea Vara se necesita una financiación que, en estos momentos, es más difícil de obtener.