Recientemente, Islandia acaba de legislar acerca de la denominada paridad salarial. Se convierte así en el primer país del mundo en tener una ley que exigirá a las empresas que demuestren que sus empleados y empleadas cobran el mismo sueldo por el mismo trabajo. La medida pionera --aprobada por el Parlamento a principios de abril y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año-- afectará a las compañías privadas y a los organismos públicos que tengan en plantilla al menos veinticinco trabajadores. Su incumplimiento conllevará sanciones económicas. Conviene destacar, por otro lado, que las mujeres representan el cuarenta y ocho por ciento en el Parlamento islandés, y que el país tiene como jefa de gobierno a una mujer -Katrin Jacobsdottir--. Un dato a valorar porque la igualdad además de ser un derecho constituye la referencia del compromiso de cualquier sociedad por romper esas brechas o barreras que tratan de marcar diferencias entre personas. Porque de lo que se trata aquí es de atajar el concepto de la desigualdad, y arrastrarlo a ser un mero testimonio en sociedades democratizadas, que aspiran al valor del individuo como elemento de respeto a sus derechos.
Al hilo de esta iniciativa, hoy realidad, se ha apuntado Alemania, que ha legislado sobre una norma que permitirá que las mujeres, en aquellas empresas con más de doscientos trabajadores, tengan derecho a conocer el sueldo de sus compañeros varones que ocupan un puesto similar. También este país está presidido por una mujer, Angela Merkel. De hecho, la propia ministra de la Mujer, socialdemócrata, Katarina Barley, ha señalado la posibilidad de reclamar judicialmente, como así contempla la Ley, esa igualdad salarial. También se le pedirá a las grandes empresas que emitan informes sobre la referida paridad salarial entre géneros. Parece ser que estas brechas salariales también tienen que ver con esa dedicación parcial de muchas mujeres por la maternidad, y por el hecho de sus renuncias a cargos directivos.
Quisiera atraer la atención sobre dos cuestiones: la primera, sobre la importancia que tiene el hecho de tener mujeres en los puestos de toma de decisiones y de liderazgo en la sociedad. Porque de esta manera el compromiso de la igualdad se convierte en parte de la acción de sus políticas, obviando quedarlas rezagadas al albur del discurso igualitario; y la segunda, la escasa capacidad de nuestras sociedades de solventar la riqueza de ser madre con la compatibilidad del ámbito laboral. Y más teniendo en cuenta el hecho de que cada vez la sociedad se envejece por el freno de una maternidad que se contextualiza en torno a la mujer, a la que se le responsabiliza, sin que por ello se instrumentalicen medidas para apoyarlas en su labor de madre y de trabajadora.
Nuestras sociedades siguen sin ser capaces de proporcionar medidas idóneas para hacer creíble y plausible ser madre y estar en el mercado laboral, sin que ello conlleve retroacción de sus funciones y que entrañe irremediablemente un menoscabo de sus derechos como tales trabajadoras; en relación a su derecho a ejercer la maternidad, con todas las garantías y propuestas de apoyo desde el punto de vista laboral, social y económico. Muchas son las fronteras que aún siguen separando la maternidad y el ámbito laboral también en la sociedad del siglo XXI.
*Abogada.
