Las últimas semanas del Banco Popular habían conformado un relato (con seguimiento) periodístico de vaivenes, sombras y tremendas dudas sobre el futuro de la entidad. En realidad, los distintos movimientos habían anticipado sobradamente la resolución (necesidad de venta, identidad del comprador) pero el simple paso del tiempo parecía convertir otras hipótesis en, al menos, una posibilidad sobre la mesa. De todo el proceso de venta siempre se mantendrá la incógnita de quiénes han sabido demasiado… y callado.

El desencadenante ha sido la actuación del Banco Central Europeo (BCE), motivada por la delicadísima situación del Popular. El previo anuncio de la monitorización de la entidad seguro no había ayudado ni a despejar incertidumbres ni a mejorar su situación en el mercado. Y, desde luego, tampoco habrá ayudado a detener la fuga de depósitos y venta acelerada de posiciones minoristas (ahorradores o inversores no institucionales). Pero lo menos que se podía pedir de un banco central es que actúe con la transparencia que le ha guiado en el proceso del Popular.

El punto de no retorno se produjo cuando tanto con la entidad como el BCE entendieron que, pese a las inyecciones de liquidez de urgencia, el banco no tendría tesorería para operar. Curiosamente, a un estadio similar habían llegado otras entidades, como el portugués Novo Banco, o --mucho más recientemente-- el italiano Monte Dei Paschi, que igualmente recurrieron a las líneas de urgencia. Pero, en ambos casos, las entidades lograron alejar el fantasma de una venta forzosa o liquidación ordenada.

¿Dónde ha radicado la diferencia en este caso? En un factor que nace tiempo atrás y que ha sido un potente motivador en la actuación del regulador: no podría haber dinero público ni reparto de pérdidas privadas.

Ante todo, tenemos que tener en cuenta un aspecto: aunque algunos persigan mantener una tensión (digamos) dialéctica que no sitúe aún en medio de la crisis financiera, lo cierto es que estamos fuera de la misma. Y son esas nuevas circunstancias las que guían la actuación, por ejemplo, del BCE. Así que, primero, había un mandato a cumplir por el BCE a rajatabla, que pasaba por dejar fuera ayudas públicas a entidades en problemas. Deberían ser sus accionistas los que respondieran, no se actuaría desde Fráncfort como prestamista de último recurso ni «accionista/salvavidas». Hace solo un par de semanas, los planes del BCE para Monte Dei Paschi ya preveían un tramo «bail-in» (pérdida asumida por los accionistas y bonistas del banco). Un claro aviso para navegantes.

Eso nos lleva a la situación de España: no se habría comprendido un rescate público de una entidad privada. Los fundamentales macroeconómicos en Italia o Portugal (recuerdénme que hablemos del «milagro» portugués un día de estos) difieren respecto a España, con crecimientos sólidos en el último trienio. Todo aconsejaba evitar la inyección de fondos públicos, con una situación distinta a los casos mencionados, especialmente en el caso de la entidad de Siena, que podría afectar la economía más allá de las pérdidas de los accionistas.

Además, está el 2011. En ese año, España se vio abocada a solicitar el rescate para inyectar liquidez al sistema bancario, que derivó en la concesión de 100 mil millones de euros. Una de las claras condiciones era que, a partir de entonces, la entidad supervisora de las entidades nacionales pasaba a ser el Mecanismo Único de Resolución (MUR), dependiente del BCE. Realiza la labor supervisora de las entidades en la zona UE. Y se preveía, específicamente, la necesidad de terminar con rescates públicos.

El Popular ha sido pionero en la aplicación de los instrumentos del MUR, muy a su pesar. En algún momento habría de empezar. Y, sobre todo, a evitar que las pérdidas por la actuación de una entidad privada fueran sustentadas por los contribuyentes. El negocio bancario no puede ser un negocio en el que al final seamos todos los que carguemos con los problemas a los que ha conducido su gestión (léanse, Cajas de Ahorro como ejemplo). El mensaje es muy claro: el próximo banco en dificultades tendrá muy difícil acudir a medidas más «flexibles» que las que se han impuesto al Popular.

La actuación del regulador ha sido, relativamente, limpia y transparente, transmitiendo credibilidad. Sabía que, además, la aparición de un Santander salvador, da la cara política de una situación que hubiera costado explicar en medio de una defensa diaria de la fortaleza de nuestra economía.

No me engaño: la operación es también un balón de oxígeno político para gobierno y reguladores.