Alguna carta en esta misma sección ha criticado --con toda legitimidad-- la propuesta de planificación de oficinas de farmacia que se ha hecho en Extremadura y que deberá ser debatida en el parlamento regional en los próximos. La Junta no puede ser concebida como sospechosa de proteger ni nada ni a nadie. Sólo una sentencia del Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad sobrevenida --esto quiere decir que era constitucional cuando se aprobó en Extremadura y hasta que el entonces gobierno del PP aprobó una ley para detener los efectos de la nuestra-- evitó un cambio de modelo. Ahora deben quedar claras algunas cuestiones:
1. El medicamento no es una mercancía cualquiera, es bueno cuando está indicado y puede ser tóxico o mortal cuando no lo está. Por eso su acceso debe estar planificado y restringido.
2. Lo que nos preocupa no es que haya nuevas farmacias donde ya hay bastantes sino que las haya donde hay déficit de las mismas, y donde no, que pueda haber un botiquín bien dotado y atendido. Eso es lo que pretende la ley, más farmacias donde se estima necesario.
3. Extremadura es, tras Navarra, la comunidad autónoma con más oficinas de farmacia. Una por cada 1.586 habitantes, frente a los 2.302 de Cantabria, los 2.309 de Cataluña, los 2.190 de Andalucía, los 2.380 de Murcia o los 2.615 del País Vasco. La media en España es de 2.111.
4. Hay farmacias muy rentables, otras medianamente y algunas muy poco. Si dejáramos la planificación en manos del mercado, ¿dónde se instalarían? En Cáceres o Badajoz seguro, pero en El Risco o Cabañas del Castillo es más discutible. El medio rural de pequeñas poblaciones en Extremadura se quedaría sin este servicio mañana mismo si sus titulares pudieran irse sin limitaciones a las grandes ciudades donde además de medicamentos se venden otras muchos productos, cosa que en los pueblos no ocurre.
5. El gasto en medicamentos en España representa el 30% del total del gasto sanitario. Como mínimo 10 puntos más que en los países de nuestro entorno. La accesibilidad es la adecuada. Aumentarla conllevaría aumento del gasto --que es algo que los que administramos la cosa pública debemos tener en cuenta--. Hay ejemplos claros de este aumento.
Por último. La Junta de Extremadura, con el dinero de los ciudadanos, gasta casi 60 mil millones de pesetas en medicamentos al año. Nuestro objetivo, que no se usen cuando no es necesario para que se tengan cuando sí lo es. Racionalizar su uso. Y eso no se consigue con criterios que permitan cada día meter más por los ojos de los ciudadanos los medicamentos como la gran solución.
Consejería de Sanidad y Consumo **
