El octavo grupo industrial italiano, Parmalat, está abocado a la quiebra porque sus administradores han generado un agujero contable que puede llegar a los 10.000 millones de euros (1,6 billones de pesetas). El Gobierno de Silvio Berlusconi intenta apuntalar a la multinacional de la alimentación dictando con carácter de urgencia una ley a su medida. La excusa es salvar la actividad de la empresa y los 36.000 empleos que da en todo el mundo. La sospecha generalizada es que Berlusconi, otro magnate con cuentas turbias, se ve claramente amenazado por esta crisis empresarial. El escollo con el que tropieza es la Comisión Europea, obligada a vigilar que las ayudas que pretende dar el Gobierno italiano a Parmalat no violen las normas comunitarias de subvenciones públicas.
La crisis de Parmalat recuerda, con razón, la de Enron en Estados Unidos. Aprovechando la laxitud de las normas de control público de las operaciones financieras, y la complicidad de gobiernos ultraliberales con las corporaciones más afines, los dirigentes de las empresas se lanzan al saqueo de las compañías engañando a auditores, accionistas y empleados. La UE debe mostrarse más severa esta vez que en otras ocasiones.
