TUtno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno Extraordinario que tuvo lugar los pasados lunes y martes en Hervás se refiere al nombramiento de una comisión de expertos de varias universidades españolas para asesorar a la Junta ante la reforma de la Constitución --cuyo largo trámite está a punto de iniciarse con la petición de algunos informes al Consejo de Estado, según ha anunciado el presidente Rodríguez Zapatero y ha acordado el pasado viernes el Consejo de ministros--; ante las consecuencias que puede tener para la región la ampliación de la Unión Europea, la nueva distribución de los fondos durante el período 2007-2013; y, sobre todo, ante la situación que se puede crear con la reforma de los estatutos de autonomía que se anuncian y la financiación autonómica.

El acuerdo por el que se nombra a esa comisión de expertos, aunque ha sido recogido con suficiente espacio en este periódico, podría quedar ensombrecido ante las medidas que no necesitan explicación y que se aprobaron en dicho consejo: el compromiso de construir 25.000 viviendas en la legislatura; la amplicación de los hospitales de Don Benito e Infanta Cristina para poder cumplir con la promesa de la habitación individual... Incluso la idea de hacer adosados mixtos para que una persona pueda vivir puerta con puerta con unos ancianos que no están en condiciones de valerse por sí mismos, y a los que atiende. Estas medidas llaman mucho más la atención al ciudadano --son acuerdos que, cuando se cumplan, serán bien visibles-- que el nombramiento de ese grupo de personas cualificadas que van a asesorar al Gobierno autónomo sobre los citados asuntos.

Y, sin embargo, en el horizonte político de Extremadura hay pocos desafíos --¿o habrá que decir amenazas?-- como los que pueden proceder de la disminución de los fondos europeos, por la ampliación a 25 y por la rebaja del presupuesto comunitario o de las reformas estatutarias previstas. Por tanto, se trata de una decisión de peso que creo que tenemos que situarla en el terreno de los movimientos de preparación de la defensa de la región. Porque tanto la reforma estatutaria como la recepción de fondos de la UE son asuntos complejos en los que no basta con adoptar una determinada posición política --a Rodríguez Ibarra no le resultará suficiente con, por ejemplo, oponerse a las pretensiones de Cataluña de querer para sí una fórmula de financiación similar al Cupo vasco a los Fueros de Navarra--, sino que es necesario argumentarla con un arsenal de datos bien cimentados, porque todos harán lo mismo: esa munición es la que debe suministrar a la Administración regional el grupo de expertos elegido.

Y la mera constitución de esa comisión ya es un síntoma de que ese proceso puede deparar a Extremadura consecuencias preocupantes. Y no es para menos porque los datos que se publican en torno a ellos hacen desconfiar. Por lo pronto, en Europa va a ser difícil mantener la situación actual. No hay ninguna hipótesis de trabajo que maneje ese escenario: todas estiman que vamos a perder dinero, y lo que se discute ahora es cuánto: el informe Klein habla de 500 millones de euros.

Lo mismo puede decirse de la reforma de los estatutos de autonomía, que podría afectar a la reforma constitucional no quedándose en la mera enunciación de nacionalidades, comunidades nacionales y regiones, sino entrando de lleno en los bolsillos.

¿Se imaginan el terremoto que podría suponer el que la reforma del Estatuto de Cataluña saliera consensuada de su Parlamento con el sistema de financiación mencionado con anterioridad, es decir, el Cupo vasco, que es un sistema que favorece a la comunidad de que se trate, en este caso Cataluña, y perjudica al conjunto de la nación? ¿Se imaginan lo que podría pasar en el resto de comunidades únicamente por el hecho de que el Gobierno acceda a discutirlo? Pues bien, para esa eventualidad Extremadura tiene que estar preparada. Y para esa eventualidad --en la que se ventila ni más ni menos que la viabilidad financiera en los niveles que ahora tenemos-- es para lo que se requieren asesores como los elegidos. Por tanto, la decisión de nombrar a los consejeros tal vez no sea tan espectacular como la de construir casas o ampliar hospitales, pero su concurso es necesario para que, en el futuro, se puedan seguir aprobando ese tipo de obras.