WEw l Gobierno parece empeñado en los últimos días en una carrera de distribución del superávit del Estado que puede dejar algunos territorios damnificados en el camino: junto a iniciativas de las que se benefician todos los ciudadanos por igual sin tener en cuenta donde coticen a Hacienda, los 2.500 euros por niño nacido; la financiación del alquiler de viviendas con 210 euros directos y mensuales a los jóvenes empleados menores de 30 años; y otras ayudas para familias con menos recursos, el Ejecutivo se ha comprometido a incluir en los Presupuestos del Estado inversiones mayores de las esperadas para algunas autonomías: Cataluña --recibirá más de 34.000 millones de euros en siete años solo para infraestructuras y merced a un cálculo favorable para la Generalitat-- y Andalucía, que recibirá del Presupuesto 4.000 millones adicionales, además de 300 por la denominada "deuda histórica".

El Gobierno de la nación tiene la responsabilidad de distribuir los recursos entre las comunidades con equidad y justicia. En estos momentos, a falta de conocer el detalle del Presupuesto no hay razón para pensar que ambas comunidades recibirán financiación extra ´a costa de´ otras regiones, como Extremadura. Pero es fácil de entender la sensación de inquietud que deja el que la Generalitat y el presidente andaluz salgan de la reunión con Zapatero o Solbes poco menos que frotándose las manos, y que el presidente extremeño salga de esas mismas reuniones con logros sensiblemente menores --en el caso del encuentro con Zapatero el compromiso de pagar la autovía Cáceres-Badajoz y ampliar la financiación del plan de empleo extraordinario--, o, en el caso del encuentro con Solbes, sencillamente exigiendo que "se cumplan los compromisos y que se lleven al Presupuesto". Como decía ayer de manera gráfica Guillermo Fernández Vara, "Virgencita, que me quede como estoy".

Pues no. No es admisible. Porque la exigencia de que el Gobierno cumpla lo prometido con Extremadura es lo mínimo, pero solo lo mínimo, que cabe exigirle. Pero en medio de unas negociaciones que semejan a una rebatiña, en las que cada cual tira para su casa sin dar ninguna muestra de que le importe algo la del vecino, como si España fuera una confederación de estados en lugar de un Estado autonómico, cohesionado y en la que rige el principio de solidaridad, no basta con exigirle al Gobierno sus compromisos anteriores porque puede darse el caso de que cuando llegue la hora de hacerlo esté ya todo repartido. En este sentido, no se puede olvidar que estamos en año previo a las elecciones, y el Ejecutivo también se mueve por criterios electoralistas, es decir, el peso en las urnas de cada comunidad tiene relación directa con el nivel de inversiones.

Es una buena noticia que tanto el presidente de la Junta como el jefe de la oposición, sin haberse puesto de acuerdo ayer, coincidieran en criticar ese modo que ha llevado el Gobierno de negociar los Presupuestos; porque de él no se atisba ningún buen resultado. Pero, a la espera de saber exactamente qué anteproyecto de cuentas públicas ha hecho Solbes para la región, el temor es esperable. Y si el temor se confirma al ver las inversiones futuras esa coincidencia entre Fernández Vara y Floriano es condición necesaria para dar un puñetazo en la mesa de Madrid, pero tal vez no sea suficiente.