Hace pocos días una asociación juvenil nos regalaba a la sociedad extremeña un supuesto estudio sobre uno de los botellones de Badajoz. No voy a entrar en la falta de objetividad del estudio, ni en lo incompleto que resulta o en lo parcial de sus resultados por la falta de críticas a la Administración regional. Lo que sí me llama poderosamente la atención, es que el supuesto estudio, realizado por una asociación alimentada por la Junta de Extremadura, al final es utilizado como un arma más para atacar a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Al viejo estilo socialista, centrándose únicamente en aquello que le compete al municipio.
En el tema del botellón en Extremadura hay un antes y un después del 7 de septiembre de 2001, fecha en la que el presidente de la Junta, nos prometió que acabaría con el consumo de alcohol entre los jóvenes. El presidente anunció un gran debate social para frenar el consumo de alcohol y una ley que surgiría más tarde, la Ley de Convivencia y Ocio (LC y O)
Hoy, casi 5 años después de que Ibarra prometiera acabar con el botellón, somos los ayuntamientos los que tenemos que hacer cumplir la promesa de Ibarra, sin un solo euro de financiación de la Junta.
Está claro que todos somos responsables en este asunto del botellón, pero a partir de la LC y O a los ayuntamientos, por mandato de Ibarra, nos ha tocado bailar con la más fea. Los ayuntamientos, sin financiación y con el presupuesto municipal, tenemos que regular el botellón, vigilarlo, ampararlo, mantenerlo, sancionar a los jóvenes o a sus padres. Además de realizar campañas de prevención y mantener a raya a hosteleros, tenderos y conductores.
Esta Ley de Convivencia y Ocio, es para los ayuntamientos una trampa de Ibarra muy bien urdida. De tal forma que, si la ley funciona y los ayuntamientos somos capaces de cuadrar el círculo regulando la práctica del botellón y por otro lado prevenir el consumo de alcohol, el éxito será de Ibarra por la magnífica idea que tuvo. Pero como la cuadratura del círculo no existe y es imposible contentar a los jóvenes que quieren beber en la calle, a la vez que a los vecinos que quieren descansar, sin que el botellodromo esté lejos y así no haya accidentes de tráfico. En este caso la ley no fallaría, sino que son los ayuntamientos los incapaces para aplicar la ley.
Y es que el problema, lejos de solucionarse, persiste y va en aumento. Hay numerosos índices que lo certifican y expongo tres brevemente:
-- En Extremadura, según la encuesta escolar de drogas, la edad de inicio de consumo de alcohol ha descendido en los últimos años hasta situarse en los 13.9 años. Por debajo de la media nacional que está en los 14 años.
-- Según el Plan Nacional de Drogas, en Extremadura hemos pasado de ocupar el décimo lugar en 1995, en consumo de drogas en jóvenes de entre 15 y 34 años, a ocupar el tercer lugar en el año 2003.
-- Durante 2005 los delitos de lesiones vinculados al ocio juvenil han crecido un 8% según el informe anual de la Fiscalía del TSJEx. especificando dicho informe que "las agresiones físicas han de relacionarse, en un gran porcentaje, con las jornadas de ocio, en las que el alcohol o las drogas tienen una influencia decisiva en numerosos casos".
Este es el panorama que ha creado la aplicación de la ley de convivencia y ocio, un panorama que el señor Ibarra no quiere ver. Pero que sí lo vemos los que desde los ayuntamientos no tenemos financiación pero sí tenemos competencias.
Mientras tanto, la Junta de Extremadura no hace los deberes y no ejecuta las competencias que les atribuye esta ley y hasta el momento no han colaborado con los ayuntamientos en promover ocio alternativo, excepto casos puntuales, e incumpliendo otra ley extremeña para la prevención del consumo de alcohol, como es la Ley 4/1997, de 10 de abril. Además, en materia de prevención, incumplen el artículo 4 sobre prevención en centros educativos y con padres o el artículo 6 sobre los Espacios para la Creación Joven, puestos en marcha de una forma claramente partidista.
En resumen, estamos ante una ley claramente injusta en el reparto de competencias sin financiación, que va a ser usada como ariete contra los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular en las próximas elecciones municipales, haciendo un falso discurso victimista. Mientras el consumo de alcohol y drogas aumenta entre los jóvenes de nuestras localidades, seremos los ayuntamientos los encargados de hacer cumplir la promesa de Ibarra.
*Concejal de Juventud de Badajoz
