El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido un auto ordenando al Ayuntamiento de Badajoz que cumpla la sentencia dictada en febrero del 2003. Esa sentencia consideraba ilegal la licencia de obra que permitió construir algunas dependencias en el recinto de la alcazaba destinadas a la Facultad de Biblioteconomía. El TSJEx, por esta razón, consideraba esa construcción ilegal, mandando restituir la alcazaba al estado anterior a esas obras. El consistorio pacense recurrió al Supremo, pero este tribunal no acogió sus argumentos. Tampoco los ha acogido el TSJEx cuando lo ha oído ante la petición de Amigos de Badajoz de solicitar la ejecución de la sentencia. El Ayuntamiento pidió que se tuviera en cuenta que esa actuación se incluía dentro del nuevo Plan de Urbanismo y que sería legal una vez se aprobara dicho plan. Ahora el TSJEx le ha dado un tirón de orejas al ayuntamiento y rechaza sus argumentos porque, en opinión del tribunal, buscan legalizar a posteriori una actuación ya declarada ilegal.
Hasta aquí la historia de una actuación nefasta: del Ayuntamiento, que otorgó una licencia de obras escudándose en que el proyecto tenía los parabienes de las instancias que velan por el patrimonio histórico; y de la Junta porque ideó un proyecto que ahora la Justicia ordena demoler. Ahora viene lo más difícil: ¿cómo ejecutar una sentencia que, de llevarse a cabo, trae un grave perjuicio a la Universidad y a los alumnos de Biblioteconomía? ¿Y cómo no ejecutarla si la ley hay que cumplirla y así lo ordenan los tribunales? Mucha finura se necesita de Ayuntamiento y Junta y de Amigos de Badajoz. No sería inteligente, por tanto, tirarse los trastos a la cabeza y culparse unos a otros de este embrollo.
