En Bruselas se ha iniciado el debate final sobre el reparto, y previsible recorte, de las cuantiosas subvenciones agrícolas que hace 50 años facilitaron la creación de lo que hoy es la Unión Europea. Los ministros de agricultura de los Quince intentan una nueva distribución de las ayudas comunitarias, teniendo en cuenta que dentro de pocos años se incorporarán a la UE más países dependientes de sus productos primarios. El punto de partida es el documento del comisario Franz Fischler, que no ha gustado porque favorece a la producción cerealista del norte frente a la mediterránea del aceite, el vino, las frutas y las hortalizas.
Extremadura, como incidíamos ayer en estas páginas, al igual que España en su conjunto, saldrá malparada de esa división, y es legítimo que se ejerzan todo tipo de presiones para impedir que se imponga un modelo de producción agraria concebido por funcionarios europeos demasiado alejados de la realidad y que favorecen un único tipo de cultivo. El frente común, al que España pretende que se sumen Italia, Francia, Grecia y Portugal, debería ser suficiente para cambiar el modelo de financiación para el sector agrícola y ganadero del conjunto de países de la UE durante los próximos cinco años. La mitad del presupuesto de la UE es lo que está en debate.
