Cuando un juez de un país democrático rastrea en las simas de las cuentas negras abiertas en paraísos fiscales en busca de dinero evadido por un ciudadano --o más de uno-- quiere decirse que la hora de la Justicia ha llegado. Quiere decir, también, que ha llegado el momento de la vergüenza para los políticos --¡y los periodistas y tertulianos¡-- que llevan meses colaborando en la quema de rastrojos para crear una cortina de humo alrededor del escándalo de la red de tráfico de influencias y cohechos impropios montada por Francisco Correa y Alvaro Pérez (El bigotes ) alrededor de sus peligrosas amistades con altos cargos del PP en Valencia y Madrid. 71 imputados, son muchos imputados.
Sí entre ellos hay senadores, eurodiputados, exconsejeros, diputados autonómicos, antiguos alcaldes y concejales, y, resulta que todos pertenecen al mismo partido, entonces, está claro que ese partido tiene un grave problema político. Tiene un problema el Partido Popular y su dirección, no sus militantes, simpatizantes y votantes a quienes no es difícil imaginar lo cabreados que están con este asunto que les salpica en un momento en el que las ocurrencias de Zapatero han situado al Gobierno en la zona más baja de las encuestas. Los casos de corrupción que no son sajados a tiempo con expulsiones o destituciones preventivas (como hizo en su día Aguirre en Madrid), acaban labrando la ruina de aquellos en vez de tomar decisiones esperan que sean los malos (que están en la política para forrarse) quienes decidan apartarse voluntariamente. Rajoy tiene un problema político muy serio que en Valencia se llama Costa y Rambla y en Madrid, Bárcenas, el tesorero del partido. En este asunto, todo huele mal. Pero quien se la juega, ya no es Camps --que está quemado-- sino el propio Mariano Rajoy. Al tiempo.
