El problema catalán es un claro exponente de la necia vanidad que protagonizan los señores feudales de nuevo cuño que gobiernan esa comunidad. El pretendido referéndum probablemente no llegue a realizarse nunca. Pero, aunque el Gobierno de la nación aborte la consulta, hay que reconocer que el sentimiento secesionista está creciendo alentado por el interés personal de ciertos políticos que demuestran la más absoluta falta de ética y que actúan sin ningún pudor para tapar sus vergüenzas. No se busca el bien de todos los catalanes. Ni importan los problemas de los ciudadanos. Se pretende controlar el poder en todas sus esferas: gubernamental, legislativo y judicial. A ello contribuye el ideario que taimadamente se va inculcando en la población. Sin el menor escrúpulo, se ha implantado un sistema educativo que, a estela de los regímenes totalitarios, basa su estrategia en un sutil adoctrinamiento a fin de crear un ambiente hostil a todo lo español. De cara a la población adulta, las pautas son más burdas y descaradas, pero igual de eficaces. La distracción va por el lado económico. La cuestión es explotar el victimismo y vender una Cataluña expoliada.

En Cataluña y en otras comunidades autónomas se están inculcando sentimientos proclives a centrifugar España. Estos brotes secesionistas deben tener una respuesta democrática. Hay que defender los valores y las ventajas de la unidad. Por eso, cuanto mejor vaya la cuestión económica, menos independentistas habrá. La insolidaridad, que se justifica con un pretendido agravio económico, es el alma del independentismo.

Nuestro Estado autonómico ha aportado valores esenciales de solidaridad y bienestar, pero su indefinición en algunas materias es la excusa para intentar desgajar nuestro país. El título VIII de la Constitución respondió a una necesidad de consenso, pero no se cerró de forma adecuada. El cuestionamiento creciente de nuestro modelo autonómico justifica la apertura de un debate acerca de la necesidad de reformar la Constitución. Hasta ahora únicamente se han conocido vagas propuestas de partidos o de particulares. Pero el tema es importante y urge una solución. Un debate de ámbito nacional nos permitiría saber cuáles son las auténticas aspiraciones del pueblo español: hacia dónde queremos ir y cómo deseamos articular, en su caso, un nuevo modelo de Estado.

Una opinión bastante generalizada aboga por un Estado federal. Pero hay muchos modelos de Estados federales. Incluso algunos con menos competencias que nuestras actuales autonomías. Por eso, más que buscar el rótulo de la forma de Estado, lo que de verdad interesa, si tenemos que afrontar una reforma constitucional, es que sirva para mejorar las deficiencias de la actual Carta Magna. Esto es, que no esté encaminada --como algunos pretenden-- a crear reinos de taifas donde los reyezuelos de turno alcancen más cuotas de poder, sino que permita que los españoles alcancen mayores cotas de libertad, solidaridad y justicia social.