El constante descenso de la natalidad habido en España en las últimas décadas, unido a la mayor esperanza de vida, son dos factores que hacen que algunos organismos internacionales, como la OCDE, se cuestionen la viabilidad y el mantenimiento del actual sistema de pensiones. La idea de que en el futuro no se dispondrá de los recursos suficientes para costear las pensiones en su totalidad, es una sombra que ha planeado sobre varios ministerios de diferente color, hasta el punto que se aconsejó de forma explícita suscribir planes de pensiones, teniendo en cuenta que el dinero que actualmente aportan los contribuyentes, no se guarda para ellos como algunos piensan, sino que es el que sirve para pagar las actuales pensiones, y el que aporten las generaciones futuras será el destinado a sufragar las pensiones de los actuales cotizantes.
Tras negociaciones del ministro Jesús Caldera con los agentes sociales, sindicatos y patronal, se ha conseguido llegar a un acuerdo para reformar el actual sistema de pensiones a consecuencia del cual, según el ministro, queda garantizado el acceso al sistema durante veinte años más. A pesar de ello, esta no es una de esas reformas que provoca un cambio de 180 grados; es más bien una serie de modificaciones tendentes a lograr mayor eficacia y modernización, capaces de adaptar el sistema de pensiones a las nuevas circunstancias económicas y demográficas de la sociedad.
A pesar de los malos augurios que se cernían sobre la Seguridad Social en épocas pasadas, ha quedado demostrado que se trataba de una alarma injustificada, ya que esta institución atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia, al existir un equilibrio entre ingresos y gastos, debido sobre todo al aumento del empleo y a la incorporación de nuevos contribuyentes inmigrantes. Esto provoca por un lado unos mayores ingresos y por otro una disminución de los gastos destinados a cubrir las prestaciones por desempleo, con lo que el fondo de reservas ha experimentado un importante aprovisionamiento. Por otra parte, en las recientes negociaciones de la reforma estatutaria, se ha conseguido mantener la caja única, aspecto éste que ofrece mayor fortaleza y garantía de seguridad.
XSE HAx incrementado la cuantía de las pensiones de orfandad y de viudedad que, con el paso del tiempo, se habían quedado desfasadas. Cuando se estableció este tipo de pensiones se hizo pensando en mujeres que carecían de otros ingresos. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, muchas disponen ya de recursos propios, lo que ha servido a la Seguridad Social para descargar su responsabilidad en este sentido. Se ha consolidado el que estas pensiones se hagan extensibles también a los viudos y a otros colectivos que antes no excluidos.
Se han aprobado medidas para incentivar económicamente a aquellos que prolonguen su edad laboral más allá de la fecha de su jubilación, potenciando actuaciones tales como la jubilación parcial. Por el contrario, se han endurecido las medidas para quienes cotizaban el tiempo mínimo imprescindible con el solo objeto de percibir una pensión, según este último acuerdo se necesitará haber cotizado durante un periodo de tiempo mayor.
El fenómeno de la economía sumergida lastra las cotizaciones de la Seguridad Social, por cuanto un número considerable de personas con empleo no cotizan o lo hacen en cuantías inferiores a las que en realidad les corresponde.
Una sociedad es más justa en tanto se ocupa de atender las necesidades reales de sus ciudadanos, en cuanto lleva al espíritu de sus leyes principios que garantizan una solidaridad basada en la redistribución de los recursos, lejos de esa fijación mercantilista cuyo único objetivo es el de alcanzar una mayor cuota de rentabilidad y ante la que se supeditan cuestiones sociales como la cobertura de pensiones no contributivas. El Pacto de Toledo estableció que las decisiones sobre pensiones se tomarían por consenso, evitando esa demagogia y ese juego sucio que cada partido establecía en torno a un tema tan delicado y a la vez tan rentable electoralmente.
Todos sabemos que la actual cuantía de las pensiones de nuestros mayores es insuficiente, que han de producirse cambios capaces de garantizar la continuidad del sistema y consolidar un mayor esfuerzo redistributivo, sobre todo en el incremento de las pensiones mínimas. Con todo, desconocemos si el acuerdo firmado entre el ministro Caldera y los agentes sociales, garantizará el cobro de las pensiones hasta el año 2026, pero lo que sí creemos necesario es que a menudo se emprendan reformas capaces de adaptar las políticas a las circunstancias cambiantes de la sociedad.
*Profesor
