TLta reforma del sistema de pensiones se encuentra en su recta final. Bien está que nos avancemos a los problemas que, sin ninguna duda, emergerán a partir del 2020. Entre los aspectos de cambio destacan las pensiones de viudedad, que parece se restringirán a personas que, una vez viudas, presenten una reducción en su renta por encima del 50%. Esta medida sugiere dos consideraciones.

Primero, que hay que delimitar muy escrupulosamente el colectivo afectado, de forma que no se rompan legítimas expectativas. Sería razonable que se circunscribiera, como parece que va a ser, a la generación nacida a partir de 1967. El segundo aspecto es más relevante. En nuestro país, vejez femenina y pobreza son dos variables que van estrechamente unidas. Y ante esta realidad se argumenta que no se puede ser más generoso con este colectivo, en aras de la estabilidad del sistema. Quizá las mujeres nacidas después de 1967 tengan ya su propia pensión y esa pobreza tienda a disminuir en un lejano futuro. Pero se me antoja un periodo demasiado largo para las actuales viudas.

Un país avanzado como el nuestro no puede esperar otros 25 años a reducir la pobreza de esos colectivos. Y una forma de ayudar a erradicarla sería financiar parcialmente las pensiones de viudedad más bajas con impuestos. Reformemos la Seguridad Social para un futuro más estable, pero que esa reforma no pase de largo, una vez más, de aquellos con menos recursos. Y si ello quiere decir mayor presión fiscal, pues que así sea.

*Catedrático de Economía aplicada dela Universidad Autónoma de Barcelona