La juez que ha presidido la vista pública sobre el hundimiento de una barca de paseo del lago de Banyoles (Girona), que costó la muerte de 21 jubilados franceses, ha sentenciado que los dueños de la barca son culpables y deben ir a prisión. La sentencia también condena al concejal que fue responsable último de que la embarcación navegara con permisos que no debieran habérsele concedido nunca. A los familiares de las víctimas se les debe indemnizar en conjunto con tres millones de euros (498 millones de pesetas). La decisión judicial es razonable --aunque discutible, y de hecho será recurrida--, teniendo en cuenta que el delito es de imprudencia. La barca se hundió porque sus dueños habían perforado su casco y además la sobrecargaron, sacrificando la seguridad del pasaje a la rentabilidad. En cualquier caso, la sentencia judicial debiera servir para establecer un precedente que haga extremar la responsabilidad tanto de los industriales del sector como la de las administraciones concernidas en el turismo. La juez ha interpretado bien la ley vigente en lo que respecta a las penas de cárcel. Pero como su decisión sabe a poco en cuanto a la compensación adecuada, quienes recurran merecen apoyo.
