Han pasado ya 20 días desde que el Prestige lanzó su llamada de auxilio frente a Galicia. Y desde que los gobiernos central y autonómico iniciaron un rosario de dudas, errores de cálculo, muestras de indiferencia e intentos de camuflar la magnitud del desastre y la insuficiencia de los medios para hacerle frente. En este tiempo, ningún responsable de combatir la marea negra ha sido capaz de reconocer culpas: al contrario, el Gobierno y el PP sólo han considerado denunciable la actitud crítica de la oposición. Y lo han hecho con réplicas que van desde lo inoportuno --como cuando Aznar atacó a quienes acudían a "hacerse fotos" antes de saber que el Rey iría a Galicia-- hasta lo injusto e injustificable, como la alusión al GAL del ministro de Fomento, Alvarez-Cascos, en respuesta a la difusión de sus actividades cinegéticas en plena crisis.
Tampoco Aznar ha considerado oportuno hacer acto de presencia en Galicia, argumentando que no piensa hacerlo hasta que pueda llegar con ayudas y subvenciones bajo el brazo. Pero lo que se le pide es que dé la cara ante los afectados. Y esto podía, y debía, haberlo hecho mucho antes, sin descargar esta responsabilidad al Monarca.
