El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, ha reconocido, por fin, que la desaceleración económica española es más rápida y acentuada de lo previsto. Cuesta creer que no lo tenía más que barruntado antes de las elecciones del 9 de marzo. La rectificación comienza en dar por buenos los datos de previsión de crecimiento del Banco de España, dando a entender que los del Gobierno, aún no oficiales, serán muy similares. En síntesis, el PIB español crecerá en el 2008 un 2,4%, un punto y medio menos que en el 2007. Una manera de reconocer que el cálculo que se hizo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado a finales del año pasado no se va a cumplir. Entonces se dijo que España iba a crecer un 3,1%, frente al 3,8% del 2007: se acertaba al prever la desaceleración, pero sin admitir su intensidad. Han bastado los indicios del PIB del primer trimestre del año, que apuntan a un crecimiento del 2,7% (el último del 2007 fue del 3,5%) para asumir, definitivamente, que vienen, al menos, dos años difíciles.
Menos crecimiento indica menor recaudación de impuestos y mayor gasto en prestaciones por desempleo. Dos malos datos, que se completan con otro que el Gobierno debe tomarse muy en serio: la caída del consumo --con mayor endeudamiento de las familias-- no va acompañada, aún, por la reducción de la inflación. Y un cuarto factor, más subjetivo, es que las encuestas sobre la confianza de las familias arrojan un pesimismo superior al que correspondería, porque la situación es más similar a la corta crisis del 2003-04 que a la de 1992-94. La lógica es implacable: si se acelera la caída de actividad, el Gobierno ha de aumentar el ritmo de toma de decisiones para impedirla.
