El anuncio de la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer, de que la Comisión no prorrogará las ayudas al tabaco hasta el año 2013, como a principios de febrero le había solicitado el presidente de la Junta de Extremadura es, aunque esperado, un jarro de agua fría sobre las expectativas del sector extremeño, que concentra más del 90% de la producción nacional.

Vanos han resultado los argumentos expuestos por Fernández Vara a Fischer --con extensión del mapa del norte extremeño incluido-- para que la comisaria comprenda que las ayudas al tabaco, alrededor de 150 millones de euros entre el 2010 y el 2013, son esenciales en el sostenimiento de la economía de la zona. La Comisión Europea no ha entendido que el problema del tabaco "no es de mercado, sino de empleo", como defendió Vara, a pesar de que genere 1.500 puestos de trabajo directos y sea evidente que el cultivo marca la temperatura del desarrollo de las comarcas del Arañuelo y de la Vera.

La comisaria, además, ha dado poco margen para reconsiderar su posición, según manifestó el secretario de la Unión Internacional de Cultivadores de Tabaco, el francés François Vedel, quien salió de la reunión con Fischer asegurando que, en ese sentido, había que abandonar toda esperanza. ¿Qué queda por hacer, entonces? Una ardua operación política a nivel de estados-miembros, auspiciada por los países productores europeos, que son, además de España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria y Grecia, para convencer a otros que apoyen sus reivindicaciones sobre la prórroga de las ayudas al tabaco a cambio de devolverles el apoyo en otros asuntos que sean de su interés. Es decir, una difícil solución que la encarece aún más la circunstancia de que los países que no son productores tendrían pocos argumentos para convencer a sus opiniones públicas de que iban a apoyar ayudas al tabaco, un cultivo suficientemente estigmatizado por las autoridades sanitarias de todo el mundo. Sin embargo, es lo que hay. Responsabilidad del Gobierno de España es intentar convencer a todos de que nuestro país, que en este caso es como decir Extremadura, necesita que se sigan manteniendo las ayudas al cultivo.

Esta situación, de tan complicado futuro, exige que en la región no exista la más mínima fisura política que empañe la nitidez del mensaje acerca de la necesidad de seguir con el apoyo comunitario hasta el 2013. Y eso es justamente lo que no está ocurriendo. La infructuosa reunión que tuvo lugar el pasado martes en la Diputación de Cáceres entre los alcaldes de los pueblos tabaqueros, que concluyó con un agrio desencuentro entre los del PSOE y los del PP por las diferencias de criterio sobre la representatividad en la asociación que los aglutine --por municipios, según el PSOE y por producción de tabaco, según el PP-- está evidenciando una división inoportuna y peligrosa, porque mientras se discute si son galgos o podencos se evaporan las ayudas al tabaco. La división debe terminar. El que los alcaldes socialistas constituyeran ayer una asociación de defensa del tabaco y los del PP podrían hacerlo hoy no invita al optimismo, pero el interés político --quien tenga la mayor representatividad en la asociación la gobernará en su beneficio, piensan ambos partidos-- no puede hacer encallar la unidad de acción, que es la última esperanza, aunque sea remota, de salvar el cultivo a partir del 2010.