Fiscal
El Gobierno volverá a introducir las tasas judiciales. Aunque sólo sea a las empresas, en procesos civiles y contencioso-adminis- trativos, no está justificado. La abolición de la justicia de pago fue un gran avance democrático. Las empresas afectadas, que ya pagan impuestos, dirán, con razón, que su litigiosidad no depende de su voluntad, sino de las características de su negocio y que no deberían tener que pagar por un servicio público que para otros litigantes es gratuito.
Además, tampoco parece que por esta vía se vayan a remediar las carencias de nuestra Administración de justicia, que exigen un compromiso presupuestario más enérgico. Salvo que sólo sea una experiencia piloto para su generalización.
Ojalá me equivoque.
