Tras la enorme polvareda levantada hace un mes con el proyecto inicial, el Gobierno ha aprobado una nueva versión de la normativa que debe regular la lucha contra la piratería en internet, un asunto polémico ante el que los principales países europeos están adoptando medidas.
El legítimo derecho de los creadores artísticos a asegurar la propiedad intelectual de su obra ha encontrado desde hace años la oposición de los grupos más activos en internet, que consideran inevitable el pirateo si la alternativa es instaurar cortapisas administrativas al libre uso de la red.
El caballo de batalla de estos sectores se ha centrado en que no fuera el poder ejecutivo, como inicialmente se preveía, el que tuviera la capacidad de sancionar --hasta clausurarlas-- las páginas webs desde las que se pueden descargar ilegalmente canciones, películas y otros contenidos culturales y de ocio. Veían, con razón, en esta capacidad discrecional de la Administración una peligrosa vía a través de la cual se podía vulnerar lo que, de forma solemne, califican de derechos civiles de los ciudadanos en su faceta digital.
Pues bien, la principal novedad de la segunda redacción de la nueva ley es que se deposita en la justicia esa función sancionadora: será un juez de la Audiencia Nacional el que, en un plazo de cuatro días y tras oír a los afectados, decidirá si se bloquea una determinada web a solicitud de la Comisión de Propiedad Intelectual.
El reglamento y la composición de esta comisión --que, según la ministra de Cultura, reflejará la "pluralidad de intereses" en juego-- serán ahora objeto de negociación. Del tono y perfil final de uno y otra dependerán su credibilidad y autoridad. Angeles González-Sinde cuantifica en no más de un centenar las webs que pueden ser bloqueadas, todas ellas lucradas con la explotación ilegal de obras ajenas. Y en cualquier caso, este bloqueo cautelar podrá ser impugnado por la vía judicial.
Al margen de los cambios que la ley pueda experimentar en el Congreso, esta tercera vía es más razonable que el proyecto inicial. Pero convendría que las partes más directamente enfrentadas por esta nueva normativa reflexionasen sobre su papel: las asociaciones de internautas no pueden considerarse especialmente representativas de los ciudadanos digitales, porque, afortunadamente, internet ya somos todos y no solo ciertas vanguardias; y la industria cultural debe tener la inteligencia y la agilidad suficientes como para entender internet como una oportunidad de negocio y no un peligro para sus legítimos intereses.
